La Cámara de Diputados de Santa Fe debate este jueves el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro. La iniciativa llegó al recinto con dictamen de comisión y modificaciones respecto del proyecto original y será sometida a votación durante la tarde.
El escenario cambió en los últimos días, luego de que las negociaciones permitieran destrabar las diferencias dentro del interbloque Unidos y alcanzar un acuerdo sobre un texto modificado. Este jueves al mediodía, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen y habilitaron así el tratamiento en el recinto.
La discusión llega después de una semana de negociaciones y de fuertes reclamos del Ejecutivo para que la Legislatura avance con las herramientas que considera necesarias para profundizar la política de seguridad y combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había reclamado públicamente celeridad en el tratamiento y defendido la ampliación de las facultades estatales para intervenir frente al delito. «Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura», sostuvo este miércoles durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario.
El funcionario también respondió a los cuestionamientos sobre algunas de las disposiciones incluidas en el paquete. «Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos en los barrios», afirmó, al defender la necesidad de fortalecer la capacidad de intervención del Estado.
En la misma línea, el gobernador Maximiliano Pullaro había manifestado su expectativa de que las reformas consiguieran respaldo legislativo. Si bien reconoció que existen distintas miradas en el ámbito parlamentario, insistió en que la seguridad pública necesita nuevas herramientas legales.
El proyecto y las modificaciones
Lo que todavía se discute en Diputados, ahora con un aparente acuerdo, es un solo proyecto que modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes de inteligencia, de la Defensa y orgánica de la Policía. Lleva unos cinco meses en la Legislatura y pasó por varias rondas de consultas. La negociación de anoche abarcó varios puntos, pero se concentró en los tres más cuestionados por el PS en el texto original.
-Declaraciones de imputados. Quedaría afuera la disposición que, en determinadas circunstancias, permitía tomarle declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor.
-Zonas con facultades policiales ampliadas. Se retiraría el régimen especial de intervención policial previsto para zonas atravesadas por situaciones graves de violencia. Es la supresión que la fuente radical identificó con mayor claridad.
-Allanamientos. Para los supuestos excepcionales que el proyecto contemplaba sin orden judicial, la fórmula discutida anoche prevé una orden del fiscal y control judicial. El alcance de ese control dependerá de la redacción final.