Más de 20 allanamientos realizados en las últimas 72 horas en la ciudad de Santa Fe apuntaron a esclarecer ataques a tiros, tentativas de homicidio, extorsiones y amenazas. Las investigaciones se concentraron principalmente en la zona norte, con intervenciones en los barrios Santa Marta y Yapeyú.
El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que los procedimientos responden a un trabajo coordinado entre distintas unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI).
En diálogo con el móvil de Sergio Ferreyra para LT10, durante una conferencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad, el funcionario sostuvo que “se ha establecido un esquema de persecución conjunta y complejo en el Ministerio Público de la Acusación”. Según detalló, las medidas buscan reunir pruebas para las imputaciones y los pedidos de prisión preventiva de personas investigadas por hechos de violencia grave.
Un grupo familiar bajo investigación
Galfrascoli identificó a parte de los investigados como integrantes del denominado clan Araujo, al que vinculó con usurpaciones violentas, extorsiones, amenazas y uso de armas de fuego en Yapeyú.
“Es un clan”, sostuvo al ser consultado sobre la organización. Explicó que se trata de un grupo unido por lazos familiares y que las investigaciones actuales incluyen tentativas de homicidio.
También indicó que otros procedimientos alcanzaron a personas sospechadas de haber cometido ataques contra integrantes de ese mismo grupo. En ese marco, describió conexiones entre algunos de los hechos investigados, aunque aclaró que el despliegue incluye otras causas.
En su balance, el funcionario informó la detención de seis personas —cinco varones y una mujer— y el secuestro de dos armas de fuego, cartuchería y elementos que serán analizados para las próximas audiencias.
Qué encontraron en cinco de los allanamientos
La información de la PDI detalló, por separado, cinco allanamientos vinculados con tres investigaciones por tentativa de homicidio, abuso de arma de fuego, amenazas y robo calificado. En esos procedimientos fueron detenidos cinco hombres y resultó aprehendido otro, de 73 años.
Las medidas se concretaron en domicilios de Chaco al 6300 y al 6400, Santa Cruz al 6400 y San Valdivieso al 6600, con intervención de los fiscales Andrés Marchi, Guillermo Persello y María Gabriela Arri.
Los agentes secuestraron una pistola 9 milímetros, otra Bersa calibre .22, cargadores, cartuchos y un kit Roni para pistola. También incautaron cinco celulares, prendas, dos cascos, partes de una Honda Wave y una Corven Energy 110 con pedido de secuestro activo.
Las causas se originaron en hechos de septiembre. Entre ellos, un ataque a tiros que dejó a un hombre herido en Pedro de Mendoza y Hermanos Figueroa, y el robo de una mochila con una importante suma de dinero a una mujer.
La advertencia por las municiones
Galfrascoli puso especial énfasis en el acceso a armas y cartuchos adquiridos legalmente. Según afirmó, una de las personas investigadas había comprado más de 700 municiones en un solo día, pese a lo cual durante el procedimiento se encontraron apenas 17 cartuchos de 9 milímetros.
“Eran compras legales hechas en cantidades absolutamente fuera de lo normal”, sostuvo. Para el funcionario, ese tipo de operaciones debería activar controles y cruces de información por parte del organismo nacional competente.
También mencionó otro procedimiento reciente en el que, según relató, una mujer había adquirido legalmente 11 armas sin poder acreditar ingresos que justificaran esas compras.
“Tiene que haber un trabajo mucho más fuerte de los organismos de control nacional”, reclamó. En ese sentido, pidió inspecciones y mecanismos de alerta sobre la cantidad de armas y municiones que adquiere una persona y los recursos con los que cuenta para hacerlo.
Otra investigación por préstamos y amenazas
El funcionario informó además sobre la detención de una persona investigada por préstamos de dinero seguidos de presuntas amenazas, chantajes y extorsiones para exigir el pago de sumas usurarias.
Según explicó, esa intervención forma parte de otra línea de trabajo impulsada por la PDI y el MPA. Galfrascoli señaló que la persecución de estas prácticas es una de las prioridades fijadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad.