Durante su visita a LT10, la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Moreno Robinson, sostuvo que el paquete de reformas propuesto pone en riesgo el sistema procesal penal acusatorio y adversarial instituido en la provincia. En ese sentido, Moreno Robinson manifestó su profunda preocupación ante la propuesta de habilitar el interrogatorio a personas sospechadas o imputadas sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. "Este proyecto, a nuestro entender, se olvida un poquito del sistema acusatorio y mezcla las cosas", afirmó la titular del organismo al defender la división estricta de funciones entre jueces, fiscales y defensores.
Al profundizar sobre el derecho de defensa en juicio, la funcionaria enfatizó que cualquier declaración efectuada sin asistencia letrada carece de validez constitucional y contradice los tratados internacionales vigentes. Asimismo, recordó que en el ordenamiento jurídico argentino la declaración del imputado es una instancia para ejercer el derecho a ser oído y no un mecanismo de colaboración para la investigación. "La presencia del defensor es una salvaguarda de que esa persona no sea coaccionada a declarar contra sí misma", aseveró Moreno Robinson al fundamentar la importancia histórica de estas garantías.
En contraposición a las críticas formuladas a las herramientas policiales, la Defensora General valoró positivamente el proyecto que contempla la creación de ocho nuevos cargos de defensores y unidades especiales. Según explicó, la medida resulta clave para alcanzar la "igualdad de armas" con el Ministerio Público de la Acusación y responder a demandas específicas. Estas dependencias permitirán abordar con mayor solvencia áreas complejas como el régimen penal juvenil, la salud mental, la ejecución penal y los conflictos de intereses surgidos al atender tanto a víctimas como a victimarios en causas de violencia institucional.
En relación con la problemática del fuero penal juvenil, la jefa de los defensores precisó que actualmente la provincia registra a siete menores de entre 14 y 15 años alojados en el sistema. Sobre el tratamiento judicial de estos expedientes, remarcó que las intervenciones requieren audiencias exhaustivas y diferenciadas. "Son audiencias que deben ser largas porque se están tomando decisiones sobre personas en desarrollo que necesitan una mirada especial y posibilidades de cambiar de camino", argumentó al justificar la necesidad de un abordaje técnico especializado.
Por último, la funcionaria repasó diversos hitos de gestión y demandas administrativas del sector, destacando la reciente jura de nuevos defensores públicos adjuntos para cubrir vacantes mediante concursos internos. A su vez, se refirió a las gestiones por convenios de guardería para los hijos del personal, donde reclamó "igualdad de condiciones" respecto de los beneficios del Poder Judicial. Para finalizar, confirmó que el organismo ya puso en marcha los proyectos de adecuación edilicia para concretar el traslado a su nueva sede central durante el transcurso del corriente año.