El Juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno que brinde información sobre fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez Lijo pidió información al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
Se trata de denuncias que realizaron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela en representación de la provincia de La Rioja en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Tolosa Paz y la provincia fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y por ende pedir medidas de pruebas.
Según la denuncia de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La denuncia señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión del gobierno de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial.
La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%, consigna la denuncia.
La denuncia penal de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación, por la presunta malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
El dinero recaudado por ley tiene una afectación específica para el Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado exclusivamente al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.
La denuncia de la diputada sostiene que, en lugar de girar los fondos a las obras viales, el Ministerio de Economía utilizó los recursos para colocarlos en instrumentos financieros, tales como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
El juez Lijo pidió además a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que explique si se realizaron informes de auditoría, observaciones o actuaciones relativas al fideicomiso decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde el año 2024 a la fecha.
Las medidas ordenadas por el magistrado apuntan a reunir toda la información vinculada a expedientes, partidas presupuestarias, colocaciones financieras con fondos de Sisvial, para avanzar en la denuncia.