La situación de los centros de cuidado y acompañamiento para mujeres en la provincia de Santa Fe ha alcanzado un punto crítico. Tras la convocatoria realizada en abril por la Secretaría de Género para la presentación de proyectos, las organizaciones sociales cumplieron con todos los requisitos, obtuvieron la aprobación de sus propuestas y firmaron los convenios respectivos a fines de mayo. Sin embargo, desde entonces, el flujo de fondos estatales ha sido nulo.
Ante este escenario, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe asumió de manera conjunta el reclamo de las organizaciones que gestionan los centros de día, declarándose formalmente en estado de alerta ante la falta de respuestas y las dilaciones de la gestión administrativa.
La falta de financiamiento golpea de manera directa el funcionamiento de los espacios que brindan contención y asesoramiento. Liliana Loyola, titular de la Asociación Generar, fue contundente respecto a la gravedad del panorama:
"Lamentablemente desde aquel entonces [fines de mayo] hasta ahora no hemos tenido noticias sobre los pagos específicos de cada uno de los convenios de cada una de las instituciones. Nosotras seguimos, las organizaciones siguen funcionando igual y se sigue sosteniendo cada uno de los espacios", manifestó por LT10.
Sin embargo, Loyola indicó que "si no se activa el pago vamos a tener que cerrar los centros de día.".
La asfixia financiera pone en jaque la sostenibilidad de los equipos de trabajo. En el caso de Generar, la asociación cuenta con un plantel de 16 personas entre profesionales, administrativos y talleristas que asisten diariamente a entre 60 y 80 mujeres. Mientras los gastos operativos mensuales de la institución ascienden a los 6 millones de pesos, el proyecto convenido con el Estado es significativamente menor:
Un rol que el Estado delega pero no financia
La crisis no solo afecta a Generar. Otras organizaciones aliadas enfrentan graves dificultades para abonar alquileres de sus locales, mientras que espacios como Acción Educativa no han podido siquiera convocar a sus profesionales por carecer de los recursos mínimos para garantizar sus honorarios.
Esta paralización de actividades resulta paradójica cuando es el propio Estado el que acude a estas organizaciones civiles para delegar la atención de las víctimas: "No hay otros espacios que no sean los de las organizaciones sociales, porque ¿a dónde van esas mujeres? Es más, el Estado nos deriva, diversos organismos del Estado derivan mujeres a los espacios nuestros.", expresó Loyola.
En estos centros de día, las mujeres no solo encuentran refugio, sino también herramientas clave para salir del círculo de la violencia, tales como asesoramiento jurídico, psicológico y social, espacios de escucha, talleres de oficios y proyectos productivos para fomentar su autonomía económica.
"No son subsidios, es ley"
Frente a las dilaciones administrativas y la justificación de que los procesos de gestión de recursos requieren tiempo, Loyola desestimó los argumentos oficiales y subrayó que el financiamiento de estas políticas públicas es un deber legal y presupuestario, no un acto de beneficencia
"Hoy nos preguntaron si eran subsidios. No son subsidios. Esto es ley. Es ley en la nacional y en la provincial", indicó la dirigente gremial y social
Finalmente, Loyola comparó la falta de respuestas a nivel provincial con las posturas del ámbito nacional: "Da la idea que haya un negacionismo similar al que hay en el gobierno nacional del que tanto nos espantamos y que tanto se critica, pero estamos igual."
Las organizaciones advierten que, de persistir el atraso de los pagos, se visibilizará públicamente el impacto del cese de actividades en un sector que resulta el único sostén de contención para cientos de mujeres y familias vulneradas de la provincia