La crisis de Lácteos Verónica llegó a la Justicia. La histórica empresa santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores, en medio de un profundo deterioro financiero y productivo que mantiene sus plantas prácticamente paralizadas, acumula reclamos por salarios impagos y dejó una abultada deuda con bancos, proveedores y otros acreedores.
La compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por unos $11.200 millones y registra una deuda de alrededor de $4.745 millones en el sistema bancario y financiero. Sólo esos compromisos superan los $15.900 millones, aunque el pasivo total podría ser mayor al incorporar las obligaciones con proveedores, trabajadores y otros acreedores, según la información publicada por Ambito Financiero.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 34, donde ya tramitan distintos reclamos contra la empresa. Ahora será la Justicia la que deberá resolver si abre formalmente el concurso preventivo y, en ese caso, avanzar en el ordenamiento de las deudas y las relaciones con los acreedores.
La decisión representa un nuevo capítulo en la prolongada crisis que atraviesa la firma, una de las compañías históricas de la industria láctea santafesina y argentina. Controlada por la familia Espiñeira, llegó a procesar más de un millón de litros de leche diarios y a emplear de manera directa a más de 700 personas.
Cheques rechazados y deudas con bancos
El deterioro de la situación financiera quedó reflejado en la cantidad de cheques rechazados que acumula la empresa. De acuerdo con los datos relevados Lácteos Verónica registra más de 2.900 documentos rechazados por un monto superior a los $11.200 millones.
A esto se suma una deuda bancaria y financiera cercana a los $4.745 millones. Entre los principales acreedores figura el Banco Galicia, que mantiene una acreencia de $1.376,7 millones y también presentó un pedido de quiebra contra la compañía. La deuda incluye además compromisos con el Banco Nación, Credibel, Catalinas Cooperativa de Crédito y Banco Macro, entre otras entidades financieras.
La creciente presión judicial fue uno de los factores que terminó empujando a la empresa hacia el concurso preventivo. Durante los últimos meses, distintos proveedores y acreedores avanzaron con pedidos de quiebra y ejecuciones judiciales, mientras la compañía intentaba resolver algunos reclamos de manera individual.
Sin embargo, los pagos puntuales no lograron modificar el cuadro general. Los cheques rechazados continuaron acumulándose, la deuda financiera se mantuvo elevada y nuevos acreedores llevaron sus reclamos a los tribunales.
Una crisis que impacta en Santa Fe
El deterioro financiero tiene su correlato directo en la actividad industrial. Las plantas que Lácteos Verónica posee en Clason, Lehmann y Suardi permanecen paralizadas o con una actividad prácticamente inexistente. La falta de materia prima y de capital de trabajo dejó a la compañía sin capacidad para sostener una producción normal. La situación también impactó de lleno en los trabajadores, que desde hace meses denuncian incumplimientos en el pago de los salarios.
La empresa llegó a contar con más de 700 empleados directos, aunque parte de los trabajadores fue buscando otras fuentes de ingresos frente a la prolongación del conflicto y la falta de respuestas sobre el futuro de la compañía.
Durante los últimos meses hubo protestas, cortes de ruta y movilizaciones de los trabajadores, además de gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales. La crisis de la láctea también afectó a productores y proveedores, en un contexto en el que la falta de pagos y la caída de la actividad fueron deteriorando la relación con la cadena de abastecimiento. La provincia de Santa Fe incluso dispuso medidas de asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas de producción, mientras el conflicto se extendía sin una solución de fondo.
Un intento por evitar la quiebra
La presentación en concurso preventivo abre ahora una nueva etapa para la empresa. El proceso permitirá centralizar los reclamos y determinar el alcance de las obligaciones de la compañía, mientras la Justicia deberá analizar su situación patrimonial y financiera.
El concurso aparece después de más de un año de crisis y tras una sucesión de intentos por recuperar la actividad que no lograron consolidarse. Los acuerdos de producción a fasón que permitieron sostener parcialmente algunas operaciones tampoco alcanzaron para garantizar una salida duradera.
La gran incógnita pasa ahora por la posibilidad de reactivar la producción y reconstruir el vínculo con trabajadores, productores y proveedores. Mientras tanto, el concurso preventivo pondrá bajo revisión judicial las cuentas de una empresa emblemática de la industria láctea santafesina, cuya crisis dejó de ser sólo un problema financiero para convertirse en una preocupación que atraviesa a cientos de familias y a varias localidades de la provincia.