El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la firma de este convenio que busca articular esfuerzos de manera horizontal entre las diversas áreas estatales y los gobiernos locales. Durante el acto, el mandatario destacó que el objetivo principal es que los recursos se utilicen con eficiencia para garantizar derechos básicos en un contexto social complejo. "Planificar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida, pero fundamentalmente en los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes", afirmó Pullaro al definir el rumbo de su gestión.
Por su parte, la secretaria Virginia Couddanes brindó detalles sobre la implementación de las cartas compromiso del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (Muna), que involucra a localidades como Esperanza, San Justo y San Javier, entre otras. Según la funcionaria, este marco de cooperación técnica permite a los intendentes mejorar la respuesta estatal en el primer nivel de atención. "Este compromiso se refiere a una acción de UNICEF que ayuda a los gobiernos locales a mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas", explicó Coudanes respecto al alcance territorial del acuerdo.
Desde el área técnica, el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, subrayó la importancia de este memorándum de dos años para profesionalizar los equipos de trabajo mediante capacitaciones constantes. Díaz hizo hincapié en la necesidad de salir de los discursos para enfocarse en la medición de resultados concretos en cada intervención. "Somos convencidos de que hay que medir el impacto de la política pública, hay que salir un poco de las palabras solamente", remarcó el secretario sobre la nueva metodología de trabajo coordinado.
En representación del sistema de control, Juan Cruz Giménez, Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, valoró la actualización del sistema de protección frente a problemáticas emergentes como el consumo de sustancias y el impacto de las pantallas digitales. Giménez señaló que la realidad de las familias santafesinas, marcada muchas veces por la pobreza, requiere que las instituciones se adapten rápidamente. "El sistema de protección requiere estar todo el tiempo actualizándose, que es la propuesta que hoy se firma aquí", sostuvo el Defensor al referirse a la expansión de las buenas prácticas en la provincia.
Finalmente, el acuerdo contempla cuatro ejes prioritarios de trabajo: salud y nutrición, educación con énfasis en los aprendizajes, protección frente a la violencia e inclusión social. Representantes de los organismos involucrados coincidieron en que el desafío actual es reducir la brecha entre la inversión estatal y el impacto real en los sectores más vulnerables. De esta manera, Santa Fe busca consolidar un entorno seguro y libre de violencias que permita construir una mejor sociedad para las generaciones futura.