Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL revela que el 84% de los santafesinos depende del crédito para subsistir, mientras que las deudas contraídas para la compra de alimentos básicos ya afectan a casi un cuarto de la población.
En ese contexto, la decana y vicerrectora Liliana Dillon, advirtió que el vacío legal sobre los intereses en aplicaciones digitales y tarjetas deja desprotegidos a los sectores más vulnerables, quienes quedan atrapados en compromisos financieros con tasas sensiblemente superiores a las del mercado forma.
Ante este panorama, existe una preocupante falta de regulación en los intereses que cobran tanto las billeteras virtuales como las tarjetas de crédito. Dillon explicó que, ante la insuficiencia de las entidades financieras tradicionales para otorgar créditos a personas sin ingresos formalizados o garantías, "el uso de las billeteras y de las aplicaciones virtuales es una gran salida". Sin embargo, esta alternativa implica que "la tasa es más alta" y existe un riesgo mucho mayor para el tomador del crédito.
La vicerrectora señaló por LT10 que esta situación se ha agravado en los últimos dos años, periodo en el cual no se implementó ninguna normativa para trabajar sobre las tasas de interés de estas plataformas. Dillon destaca que el contexto es crítico: "Hace dos años decíamos que el 24% de la gente estaba endeudado para pagar alimentos", una situación que se ha exacerbado debido a que los salarios no aumentaron al ritmo del poder de compra. Actualmente, gran parte de la sociedad continúa endeudándose simplemente para poder comer.
Respecto a la postura oficial de que la baja de la inflación resolvería el problema, Dillon aclara la distinción entre "stock" y "flujo" de deuda. Si bien la desaceleración inflacionaria mejora la previsibilidad a futuro, no elimina la deuda ya contraída: "Yo estoy endeudado hoy y hoy tengo una tarjeta o tengo un préstamo que tiene una tasa que no puedo pagar".
Finalmente, la vicerrectora enfatiza la necesidad de que la política pública intervenga para garantizar el bienestar general, advirtiendo que, sin una solución de fondo, el nivel de morosidad seguirá afectando tanto a los ciudadanos como a las propias entidades financieras. "Independientemente de lo que se diga, hay cuestiones que tienen que ver con la coyuntura en las que el bienestar general tiene que primar por sobre lo que dice la economía de modelo", concluyó.