Las rectoras y los rectores que integran el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su rechazo a la propuesta de modificar el régimen de protección de tierras para eliminar o flexibilizar los límites a la extranjerización de inmuebles rurales en Argentina.
A través de un documento conjunto, las autoridades universitarias sostuvieron que la postura responde a la defensa de la soberanía nacional y se apoya en el conocimiento científico y técnico desarrollado por las universidades públicas.
En el pronunciamiento señalaron que las casas de estudio cuentan con equipos especializados en ciencias ambientales, geología, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial y desarrollo regional, áreas que, según indicaron, permiten advertir sobre los riesgos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos vinculados con la concentración y extranjerización de la tierra.
El texto remarca que esos riesgos adquieren una relevancia especial cuando involucran zonas de frontera, reservas de agua, bosques nativos, áreas de alta biodiversidad, recursos minerales y otros bienes naturales considerados estratégicos para el país.
Las autoridades universitarias afirmaron además que la tierra "no puede ser concebida únicamente como una mercancía o un activo financiero", sino como un elemento asociado al territorio, la producción, la identidad, las comunidades y la soberanía nacional.
En ese contexto, advirtieron que, frente a la creciente disputa internacional por recursos como el agua, los alimentos, la energía y los minerales, resulta preocupante avanzar con mecanismos que faciliten la adquisición de grandes extensiones del territorio argentino o que habiliten controversias sujetas a jurisdicciones extranjeras.
Por último, el Comité Ejecutivo del CIN aclaró que su posición no implica rechazar las inversiones extranjeras, sino defender la capacidad del Estado argentino para decidir sobre su territorio y sus recursos estratégicos. En ese sentido, convocó al Congreso de la Nación y a la sociedad a impulsar un debate amplio e informado para preservar un marco legal que limite la extranjerización y la concentración de la tierra.