La diputada provincial Celia Arena se refirió a la dramática situación descubierta en un establecimiento no habilitado para adultos mayores que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe. Tras la intervención estatal para asistir a los alojados, la legisladora presentó un pedido de informes para determinar qué controles fallaron, qué organismos debieron intervenir y cómo se articuló la acción entre el Municipio local y la Provincia.
"Es un tema de mucha profundidad porque abre un montón de cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar y actuar", señaló Arena. "Lo que pasó en ese establecimiento expuso una situación de extrema gravedad que generó preocupación y conmoción en toda la comunidad. Enterarnos por la denuncia de una de las personas mayores que residía allí fue un golpe duro. Escuchamos hablar del derecho a la vejez, pero claramente este caso no lo refleja", argumentó.
Aunque valoró que la intervención pública permitiera asistir a las personas alojadas, la legisladora provincial remarcó que la respuesta fue tardía. "Hoy la sociedad necesita respuestas concretas: saber qué inspecciones se realizaron, cuáles fueron los organismos involucrados, qué información previa tenían y, fundamentalmente, por qué el Estado llegó tarde frente a una población especialmente vulnerable", enfatizó.
En ese sentido, situó la responsabilidad primaria en la Municipalidad de Santa Fe por tratarse del primer nivel del Estado con competencia directa en materia de habilitación, inspección y fiscalización de los locales que funcionan en la ciudad. "Aún cuando es un asunto que atañe al municipio capitalino, lo que ocurre allí repercute en toda la provincia y debe servir para prevenir situaciones similares en otras localidades. No podemos eludir la responsabilidad de quien tiene la potestad del control", sostuvo. Además, vinculó la problemática con el debate sobre la autonomía municipal: "Con la discusión para dictar una carta orgánica propia, estas cuestiones requieren mayor precisión, ya que la responsabilidad de habilitar y controlar el funcionamiento de los establecimientos es inherente a todos los municipios".
Durante la entrevista se abordó también la denuncia de exempleados sobre presuntas filtraciones de información que permitían a los propietarios acondicionar las instalaciones antes de las inspecciones. Al respecto, la diputada expresó: "Hay una responsabilidad no solo en el control externo, sino también en el control interno de las áreas donde se tramitan las habilitaciones. Hay que investigar quiénes tienen acceso a los datos de las inspecciones y sancionar a los responsables si se verifica que hubo filtraciones. No alcanza con intervenir cuando la situación ya generó alarma social; el Estado debe tener capacidad preventiva".
Consultada sobre la realidad económica de los adultos mayores en el contexto actual —marcado por haberes mínimos, la pérdida de cobertura prestacional del PAMI y los elevados costos de las residencias privadas—, Arena advirtió sobre la sobrecarga que enfrentan las familias. "En la sociedad actual hay una situación muy compleja para sostener la vida diaria y los cuidados. Hoy todos los integrantes de un hogar tienen que salir a trabajar, lo que deja expuestos a dos sectores vulnerables: los niños y las personas mayores", analizó.
Finalmente, la legisladora instó a consolidar políticas públicas de cuidado y a ejercer una fiscalización rigurosa sobre el sector privado. "En sus distintos niveles, el Estado cuenta con espacios de contención, pero resultan insuficientes ante el envejecimiento poblacional y la ausencia de respuestas a nivel nacional. Se debe fortalecer el rol de los espacios privados que se dedican a esta tarea, pero eso exige un control estatal absoluto, serio y comprometido. No hablamos de un trámite administrativo ni de fiscalizar papeles; detrás de cada uno de estos lugares hay personas mayores y familias que depositan su confianza, y es una obligación indelegable del Estado garantizar condiciones dignas de atención", concluyó.