Familiares de víctimas del fentanilo adulterado de Rosario compartieron una carta abierta a las autoridades, legisladores, medios de comunicación y la sociedad en la que amplían su reclamo de justicia por las 124 víctimas fatales que dejó la contaminación del medicamento, 30 de ellas, rosarinas.
Bajo la premisa de que “el valor de la vida y el deber de no permanecer indiferentes” y “la convicción de que toda tragedia debe convertirse en una oportunidad para corregir aquello que falló y fortalecer las instituciones encargadas de proteger la vida”, el texto, que lleva a la firma de La Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario, solicita “el impulso de medidas concretas que fortalezcan la seguridad del paciente, entre ellas la plena implementación de la Ley Nicolás”.
Asimismo, en el escrito se pide por “la sanción de una Ley de Trazabilidad de Medicamentos y el efectivo cumplimiento de los derechos de los pacientes en todos los establecimientos de salud”.
La carta
El valor de la vida y el deber de no permanecer indiferentes
“La Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario se dirige públicamente a las autoridades, a los representantes legislativos, a los medios de comunicación y a toda la sociedad con un profundo sentido de responsabilidad cívica. Nos impulsa la convicción de que toda tragedia debe convertirse en una oportunidad para corregir aquello que falló y fortalecer las instituciones encargadas de proteger la vida”
“Ha transcurrido más de un año desde el desastre sanitario que provocó la muerte de nuestros seres queridos mientras se encontraban internados en establecimientos de salud de nuestra región, como consecuencia de la utilización de un medicamento adulterado. Ninguna familia está preparada para afrontar una pérdida que pudo haberse evitado. Al dolor irreparable se suman la incertidumbre, el desamparo y la sensación de haber quedado solos frente a un sistema que debía garantizar cuidados y seguridad”, comienza la carta.
“Esta tragedia no afecta únicamente a nuestras familias. Expuso profundas falencias del sistema de salud, evidenció debilidades en los mecanismos de control y dejó al descubierto la necesidad urgente de revisar procedimientos, fortalecer la fiscalización y garantizar que los derechos de los pacientes sean plenamente respetados. Lo ocurrido demuestra que cualquier ciudadano puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad dentro del sistema sanitario. Por eso, esta causa trasciende nuestras historias personales y debe convertirse en una prioridad para toda la sociedad”.
“La investigación judicial avanza para establecer las responsabilidades penales correspondientes. Sin embargo, la respuesta institucional no puede limitarse al ámbito de la Justicia. La prevención, la mejora de las políticas públicas y la reparación de las falencias que permitieron que esta tragedia ocurriera requieren compromiso político, decisiones concretas y una presencia activa del Estado”.
“El 3 de noviembre de 2025, numerosas familias expusimos ante el Concejo Municipal de Rosario el recorrido que vivimos dentro de los centros asistenciales y las consecuencias devastadoras que esta tragedia dejó en nuestras vidas. En aquella oportunidad estuvieron presentes legisladores nacionales, provinciales y concejales. Lamentablemente, con el paso del tiempo comprobamos que el acompañamiento institucional no estuvo a la altura de la magnitud de lo sucedido. Recibimos expresiones de solidaridad que valoramos, pero fueron escasas las acciones concretas orientadas a impulsar los cambios estructurales que esta realidad exige. El silencio, la indiferencia y la falta de continuidad en el compromiso también generan dolor”.
“Del mismo modo, observamos con preocupación que una tragedia sanitaria de semejante dimensión haya ido perdiendo espacio en la agenda pública. El acompañamiento de los medios de comunicación y el compromiso de la sociedad son fundamentales para mantener viva la memoria de las víctimas, promover el debate público y contribuir a que hechos como este nunca vuelvan a repetirse. Cuando una sociedad deja de hablar de estas tragedias, también disminuye la oportunidad de transformarlas en políticas de prevención.
“Nuestra intención no es señalar culpables desde el ámbito político ni profundizar divisiones. Nuestro objetivo es convocar a todos los sectores a asumir la responsabilidad que les corresponde para construir un sistema de salud más seguro, transparente y centrado en las personas”.
“Por ello, solicitamos el impulso de medidas concretas que fortalezcan la seguridad del paciente, entre ellas la plena implementación de la Ley Nicolás, la sanción de una Ley de Trazabilidad de Medicamentos y el efectivo cumplimiento de los derechos de los pacientes en todos los establecimientos de salud. Estas herramientas representan avances indispensables para prevenir nuevas tragedias y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones sanitarias”.
“Convocamos a los funcionarios públicos, a los legisladores, a los profesionales de la salud, a los medios de comunicación y a toda la comunidad a transformar la empatía en compromiso. La protección de la vida no admite diferencias partidarias ni intereses sectoriales. Es una responsabilidad colectiva y un deber indelegable del Estado”.
“Las familias seguiremos transformando nuestro dolor en participación ciudadana, diálogo y propuestas. Lo haremos con respeto, con firmeza y con la convicción de que ninguna muerte evitable puede quedar reducida al olvido”.
“Porque honrar la memoria de quienes ya no están significa trabajar para proteger a quienes mañana ingresen a un hospital confiando en que serán cuidados”.
Y el texto cierra con el reclamo: “Por la dignidad de las víctimas. Por el derecho de cada paciente a una atención segura. Por un sistema de salud que vuelva a poner la vida en el centro de sus decisiones. Apoyamos firmemente la implementación de la Ley Nicolás y la urgente sanción de una Ley de Trazabilidad de Medicamentos”.