El Gobierno nacional comenzó a hacer circular un anteproyecto de ley que propone una de las mayores reformas de desregulación económica desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, modifica o deroga decenas de leyes que regulan actividades comerciales, productivas y profesionales.
El proyecto todavía no fue enviado al Congreso, pero ya comenzó a ser analizado en distintos ámbitos políticos y empresarios. Entre los cambios más relevantes aparecen modificaciones en la venta de medicamentos, el transporte marítimo, el corretaje, el mercado financiero, la actividad agropecuaria y distintos organismos de promoción sectorial.
Venta online de medicamentos y cambios para las farmacias
Uno de los capítulos más importantes modifica la Ley de Farmacias. El texto propone habilitar la venta de medicamentos bajo receta mediante canales digitales y autorizar la entrega a domicilio. También plantea que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias, una posibilidad que modificaría el esquema vigente.
Además, prevé digitalizar recetas y registros, eliminar restricciones sobre la forma societaria de las farmacias y permitir que las droguerías puedan vender directamente al público si se constituyen como farmacias.
Apertura del cabotaje a barcos extranjeros
Otro de los cambios apunta al transporte marítimo. El proyecto habilita que buques extranjeros puedan realizar transporte de cabotaje dentro del territorio argentino y flexibiliza progresivamente la exigencia de tripulación nacional.
También elimina restricciones para importar embarcaciones usadas, flexibiliza los requisitos de matrícula y promueve la digitalización de la documentación vinculada al transporte marítimo.
Menos regulaciones para corredores y traductores
La iniciativa también modifica el régimen del corretaje. Entre otros puntos, elimina requisitos de residencia para ejercer la actividad, permite que pueda desarrollarse mediante plataformas digitales y prohíbe establecer aranceles mínimos o máximos y honorarios obligatorios.
En paralelo, propone limitar la obligación de presentar traducciones oficiales al castellano únicamente para casos excepcionales vinculados con razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales.