La defensa técnica de los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) presentó formalmente un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por la Justicia Penal que estableció una restricción de acercamiento recíproca de 200 metros entre los representantes gremiales, el intendente de Sauce Viejo y las dependencias de dicho municipio.
En diálogo con LT10, el abogado patrocinante José Ignacio Mohammad explicó los fundamentos técnicos del recurso y argumentó que la resolución dictada por el juez Héctor Carraro padece de nulidad absoluta. "Nosotros representamos a los dirigentes Medina y Casale, personas físicas contra quienes se impulsó oportunamente un pedido de cese de estado antijurídico. Sin embargo, el magistrado trasvasó esas individualidades y dispuso una medida genérica hacia toda la entidad gremial, la cual nunca fue convocada al proceso y, por ende, no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa", denunció el letrado.
Para el representante legal, la resolución penal invade competencias de otros fueros y colisiona de forma directa con los canales de negociación colectiva vigentes en la legislación laboral argentina.
"La esencia misma del ejercicio gremial consiste en el conflicto dentro de los límites de la ley y la negociación posterior. Esta resolución es contradictoria con medidas previas dictadas por foros competentes, como el Juzgado Laboral de la Segunda Nominación y el Juzgado Civil y Comercial de la Octava Nominación, que garantizaron el irrestricto respeto a los derechos sindicales de ASOEM", apuntó Mohammad, cuestionando que la Justicia Penal avance sobre cuestiones de neto contenido sindical.
Al ser consultado sobre el impacto práctico de la restricción de 200 metros, el abogado advirtió sobre la inviabilidad de la medida: "Bajo este criterio, no se podría realizar una reunión paritaria dentro del Palacio Municipal. Habría que hacerla fuera y a 200 metros del intendente con los delegados. Esto es inentendible y ataca lisa y llanamente el corazón del derecho gremial en el país", sentenció. Asimismo, aseguró que el fallo judicial entorpece las gestiones de "buenos oficios" que iniciaron el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo provincial con el fin de acercar a las partes.
Respecto al trámite procesal que continuará en los tribunales, Mohammad detalló que el recurso fue presentado ante el mismo juez que dictó la restricción, quien debe elevar las actuaciones de forma directa sin realizar juicios de admisibilidad.
Una vez en la alzada, se sorteará un juez del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, quien evaluará la admisibilidad del recurso y fijará una fecha de audiencia oral en la que las partes deberán comparecer y exponer sus agravios. Según estimó el profesional, este proceso técnico suele demorar "aproximadamente 40 días" hasta la concreción de la audiencia penal.
Finalmente, el abogado confirmó que, mientras se sustancia la apelación, no se ha reportado ninguna denuncia ni notificación por presuntas violaciones o incumplimientos a la medida de distancia perimetral vigente por parte de sus defendidos.