El Gobierno pretende cobrar a las cerealeras que exportan desde la Argentina más de u$s 800 millones en concepto de retenciones que considera que adeudan desde 2007 y 2008.
El monto surge de datos del mercado, y se reparte entre varias firmas que, según las autoridades, declararon exportaciones de granos que no tenían, para congelar la alícuota de retenciones, que luego aumentó, en noviembre de 2007.
El mecanismo les habría permitido comprar soja a los productores con un descuento del 35% –una vez que aumentaron las retenciones– y exportarla pagando retenciones del 27% con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que ya habían presentado.
Según fuentes de la AFIP, unas 53 empresas están cuestionadas por esta maniobra y 20 concentran el 80% de la deuda. Hasta el momento, tres empresas pagaron el total de lo adeudado, entre ellas ADM y Toepfer, mientras que otras realizaron pagos parciales. Cargill y Bunge son otras dos gigantes señaladas por el Gobierno.
Nidera, por su parte, informó que pagó ayer u$s 62,9 millones a la AFIP, después de haber sido suspendida por el organismo oficial del Registro de Importadores y Exportadores “por intereses de cargos formulados al amparo de la Ley Martínez Raymonda”, indicaron fuentes del organismo.
De esta forma, la AFIP recaudó hasta ahora u$s 383 millones del conjunto de las empresas exportadoras, poco menos de la mitad del total que aspira a alcanzar.
La ley (23.651) sancionada en noviembre de 2007 y promulgada en mayo de 2008, penaliza la maniobra de las empresas que no puedan probar la tenencia de los granos al momento de hacer las declaraciones juradas.
Estrictamente, las empresas estaban habilitadas a declarar exportaciones y concretarlas tiempo después, porque las DJVE tenían una vigencia de 365 días. Pero este plazo fue luego recortado a apenas 45 días para evitar la maniobra en el futuro.
Por eso, el motivo de la suspensión de Nidera no está caratulado como una infracción aduanera ni se lo puede considerar evasión. Es un “cargo suplementario” o una “diferencia de cargos”, según la AFIP.
Las firmas pueden apelar a las denuncias que pesan por la aplicación de la Ley, y lo están haciendo. De hecho, en 2008 el Gobierno acusó a las firmas por una deuda de u$s 1.800 millones, sensiblemente superior al monto que espera recibir ahora.
En el caso de Nidera, la firma aclaró que “la suspensión obedeció a un error de procesamiento en la notificación respecto de 16 permisos de embarque datados en 2008”. Agregó que, tras el pago del dinero “espera reingresar en el registro de exportadores de manera inmediata”. La sanción publicada el martes en el Boletín Oficial.
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