El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso la suspensión y el inicio del proceso de juicio político al juez federal número 1 de Rosario, el doctor Salmain, en una resolución que tuvo un fuerte impacto político debido a la celeridad del caso: el magistrado había sido nombrado el pasado lunes para subrogar un juzgado en Rafaela y fue apartado de su cargo apenas 48 horas después, antes de llegar a presidir su primera audiencia. El jurado de enjuiciamiento (jury) estará encabezado por el juez Diego Barroetaveña y la consejera Jimena de la Torre.
En declaraciones a LT10, la diputada provincial Lionella Cattalini, quien venía advirtiendo sobre las irregularidades en el desempeño del magistrado, calificó la situación como parte de un entramado sistémico. "Desde el principio presté atención a este caso porque considero que existe una matriz de corrupción importantísima en un gran sector de la Justicia Federal, fundamentalmente en Santa Fe, de la cual el juez Bailaque ha sido el gran ejemplo", afirmó.
Salmaín, quien asumió funciones en la provincia de Santa Fe en 2023, arrastra un polémico historial. Según detalló Cattalini, el magistrado accedió al cargo omitiendo que en el año 2001 había sido cesanteado del Poder Judicial de la Nación por denuncias vinculadas a corrupción. "Cuando fue a la comisión de acuerdos y el senador Luis Juez le preguntó por qué no había declarado ese antecedente, respondió con total liviandad: 'Porque no me lo preguntaron'", reprochó la legisladora.
Actualmente, la situación procesal del suspendido magistrado es compleja: se encuentra imputado, con prohibición de salida del país y con prisión preventiva dictada. La causa penal investiga la supuesta autorización ilegal a un financista para la compra de dólares en el mercado cambiario oficial bajo el pretexto de saldar una deuda inexistente en el exterior, una maniobra que habría involucrado un retorno económico estimado en 200.000 dólares.
"Es inadmisible que las instituciones fallen de esta manera y que se haya levantado la mano para votar a una persona con estos antecedentes. Una persona imputada por corrupción no podía seguir tomando decisiones judiciales en la provincia", sentenció Catalini, quien además destacó que el Consejo de la Magistratura nacional se encuentra debatiendo un nuevo protocolo de designación para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
La reforma en los colegios de jueces penales santafesinos
Más allá del ámbito federal, Cattalini —en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe— se refirió a los proyectos que se discuten en la Legislatura provincial para optimizar la justicia ordinaria. Entre ellos, se destaca la reforma de los colegios de jueces penales.
"Este proyecto apunta a eficientizar los recursos de la justicia ordinaria. Hoy, fundamentalmente la ciudad de Rosario atraviesa una situación grave: hay más de 600 juicios que están paralizados debido a la falta de personal y de salas de audiencias", explicó.
Ante los cuestionamientos presentados por el Colegio de Jueces a través de una misiva, la legisladora adelantó que se iniciaron gestiones para coordinar una reunión de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia con el objetivo de lograr un texto de consenso.
Finalmente, al ser consultada por el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo provincial conocido como el mensaje de "herramientas de fortalecimiento de seguridad", Cattalini pidió responsabilidad en el debate parlamentario: "El gobernador Maximiliano Pullaro cumplió con su promesa de campaña de invertir firmemente en seguridad pública y ciudadana, y hoy esos resultados son reconocidos. Sin embargo, si vamos a introducir cambios a leyes de tanta magnitud, debemos hacerlo con el mismo consenso, escuchando a todos los actores y respetando los estándares constitucionales", concluyó.