La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad. La ex presidenta busca que el máximo tribunal revise la decisión que habilitó el avance sobre propiedades heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, mientras cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.
En la presentación, la defensa solicitó que la Corte trate el planteo luego de que fuera rechazado en instancias previas. El objetivo es cuestionar la inclusión de 19 inmuebles vinculados a los hijos de la ex mandataria dentro del proceso de recuperación de activos ordenado por la Justicia.
El abogado Carlos Beraldi sostuvo que la medida vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad y al principio de legalidad: "La primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”.
Según argumentó, el TOF 2 y la Cámara Federal de Casación realizaron un decomiso "contrario a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes" de esas instancias.
La defensa también cuestionó que “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”.
Los bienes en disputa
Los bienes en discusión comprenden 19 propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellas figuran diez departamentos, dos casas ubicadas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
Los abogados de la familia sostienen que esos activos fueron adquiridos por Néstor y Cristina Kirchner mediante operaciones legales y a título oneroso, por lo que consideran improcedente su decomiso. Además, remarcaron que durante el proceso no se produjo prueba que permita concluir que se trata de bienes provenientes del delito.
La controversia se produjo después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con el recupero patrimonial derivado de la condena en la causa Vialidad. El monto fijado por la Justicia supera los 684.000 millones de pesos.
En ese fallo, Casación ratificó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o incorporados a una sucesión hereditaria. Con ese criterio, los jueces avalaron que la medida alcance a activos que actualmente figuran a nombre de los hijos de la ex presidenta.
Mientras tanto, la defensa insiste en que el Ministerio Público Fiscal cuenta con herramientas para identificar otros bienes que eventualmente permitan cumplir con el recupero económico ordenado por la sentencia, sin afectar las propiedades cuestionadas en esta presentación ante la Corte Suprema.