La defensora general de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, presentó ante la Legislatura su informe anual de rendición de cuentas constitucional. Tras la exposición, la funcionaria dialogó en exclusiva con LT10 y analizó la compleja situación del Servicio Penitenciario, el abarrotamiento en las comisarías, el déficit de defensores públicos frente al aumento de fiscales y la polémica en torno al destino del nuevo anexo edilicio del Poder Judicial en la capital provincial.
El relevamiento detalla que la provincia cuenta actualmente con un total de 13.215 personas privadas de su libertad, una cifra que marca un incremento sostenido respecto de los períodos anteriores debido a una fuerte política de persecución penal y a la escasez de medidas alternativas a la prisión. Un dato que causó especial preocupación es el registro de 43 muertes bajo custodia estatal durante el último año en el territorio santafesino.
"Existen protocolos internacionales a los que nuestro país está adherido que nos imponen la obligación de aplicar mecanismos especiales para investigar las muertes producidas en contextos de encierro", explicó Moreno Robinson. En ese sentido, precisó que la tarea de la defensa pública consiste en exigir a la Fiscalía la implementación de los protocolos correspondientes en las autopsias para determinar con claridad si los fallecimientos se debieron a causas naturales o a hechos violentos.
Detenidos en comisarías y fallas edilicias
Consultada sobre la distribución de los internos, la defensora general puntualizó que, hasta la semana pasada, 11.944 personas se encontraban alojadas en unidades del Servicio Penitenciario (más del 90%), mientras que 1.272 permanecían en dependencias policiales, lo que representa el 9,62% del total de la población reclusa.
Si bien reconoció que los niveles actuales de hacinamiento en las dependencias policiales se redujeron en comparación con gestiones anteriores, advirtió que la sobrepoblación persiste. "Las comisarías muchas veces son casas alquiladas que no están preparadas para cumplir esa función. El castigo penal es la privación de la libertad ambulatoria, no el deterioro de las condiciones mínimas de vida", sentenció, al recordar las falencias históricas en materia sanitaria, edilicia, de agua potable y de instalaciones eléctricas precarias en las estructuras de detención.
Por otra parte, se refirió al alto índice de personas bajo la medida cautelar de prisión preventiva sin condena firme, el cual se ubica en torno al 39% de la población carcelaria. "El problema central es que las personas procesadas y las condenadas comparten los mismos espacios bajo las mismas condiciones. Quien ingresa a un penal no puede distinguir quién está amparado por la presunción de inocencia y quién ya tiene una sentencia firme. La prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando exista un riesgo real de fuga", argumentó.
El debate por los "trapitos" y la baja de imputabilidad
Frente a los reclamos de un sector de la sociedad que exige un endurecimiento generalizado de las penas, Moreno Robinson diferenció las escalas delictivas y analizó el debate actual en el Gran Santa Fe sobre la regulación de los cuidacoches. "Estamos discutiendo desde hace días el tema de los denominados 'trapitos', una actividad que en muchos casos ni siquiera constituye un delito o una falta penal, pero un sector social los quiere ver presos", señaló.
Asimismo, adelantó que el organismo se prepara para un escenario de mayor exigencia de cara al mes de septiembre, cuando está previsto que impacte el debate por la baja en la edad de imputabilidad. La funcionaria recordó que, cuando el Servicio de la Defensa asumió la competencia para representar a menores en conflicto con la ley penal, todos los recursos especializados fueron transferidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA), dejando a la defensa con una dotación inicial de cero recursos.
"Hablamos de jóvenes que tal vez atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad social. A través de una intervención estatal positiva y especializada se los puede encaminar hacia una vida digna, tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ordenar a la Argentina la aplicación de políticas públicas integrales", manifestó.
Déficit de personal y el reclamo por el nuevo edificio
Respecto de la planta de profesionales del Ministerio Público de la Defensa, valoró la incorporación de 19 defensores públicos adjuntos subrogantes a fines del año pasado para mitigar el colapso, elevando la cifra de personal activo a 92. No obstante, remarcó que el crecimiento histórico de la cantidad de fiscales generó una asimetría que sobrecarga la labor de la defensa. "Cuando aumentan los fiscales, crece la capacidad de persecución y, por ende, nuestra carga de trabajo. Si no hay defensores suficientes, materialmente no se puede llegar a las audiencias y se paralizan los juicios", advirtió.
Finalmente, Moreno Robinson sentó una postura firme contra la decisión del Poder Judicial de excluir a la defensa y al MPA de las nuevas instalaciones del edificio anexo que se inaugurará a fines de junio en la capital provincial.
"Hicimos un recurso de revocatoria y presentamos un pronto despacho junto a la fiscal general. No me es permitido renunciar a lo que es patrimonio de la defensa y de la ciudadanía. Desde el año 2021 venimos trabajando en el diseño de ese espacio; se colocó la tabiquería y trabajaron las áreas de arquitectura e informática. Es una pena que la ciudad de Santa Fe se pierda de tener un Centro de Justicia Penal unificado por una decisión inconsulta. El perjuicio no es para las instituciones, es para el acceso a la justicia de toda la sociedad santafesina", concluyó.