El acceso a los pasajes gratuitos de colectivos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes oncológicos y trasplantados atraviesa una crisis terminal en todo el país. Tras la reciente resolución del Gobierno nacional que eliminó las compensaciones económicas a las empresas de transporte, las organizaciones de la sociedad civil denuncian un escenario de desamparo, turnos médicos perdidos en Buenos Aires y un fuerte impacto socioeconómico en los sectores más vulnerables.
En diálogo con LT10, la abogada y militante por los derechos de las personas con discapacidad, Mariela Peña, advirtió que la nueva normativa es "supertramposa": "El Estado dice 'nosotros no lo vamos a pagar más, pero para las empresas sigue siendo obligatorio entregarlo'. De este modo, se le exige al sector privado que sostenga una política pública por su propia cuenta".
Esta encrucijada se da en un contexto donde el transporte general ya se encuentra en crisis debido a la desregulación de tarifas, la caída del consumo y el aumento constante del combustible y los repuestos. Como respuesta, el empresariado ha restringido al máximo los cupos disponibles, impidiendo que los usuarios puedan viajar.
La odisea para los beneficiarios comienza al intentar reservar un asiento. Peña aclaró que el trámite ya no se puede realizar de manera presencial en las boleterías de las terminales, sino que debe gestionarse exclusivamente a través de la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
"Desde hace días chequeamos la página y los cupos no existen, sobre todo para viajar a Buenos Aires, donde se concentran los centros médicos de mayor complejidad", alertó la especialista. Esta falta de pasajes provoca un efecto colateral grave: la pérdida de turnos en instituciones de referencia como el Hospital Garrahan o la Fundación Favaloro. "Son turnos que llevan meses de espera. En el medio de esta discusión, lo que se pone en juego es el proyecto de vida de una persona", enfatizó.
Para graficar el impacto económico, la abogada detalló que un pasaje de larga distancia a Buenos Aires oscila hoy entre los 40 000 y los 50 000 pesos. Si se tiene en cuenta que una persona con discapacidad debe viajar con un acompañante y que una Pensión No Contributiva (PNC) no supera los 300 000 pesos, costear el traslado por medios propios se vuelve una meta inalcanzable para las familias.
Frente a lo que califican como un "plan sistemático de desfinanciamiento" —que incluye la crisis en las prestaciones locales, centros de día y transportistas de cercanía—, las organizaciones civiles santafesinas ya delinearon dos vías de acción urgentes. Por un lado, se presentó un pedido de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado por el legislador santafesino y exministro de Transporte Diego Giuliano, con el objetivo de retrotraer de inmediato la resolución del Gobierno central.
Además, las asociaciones civiles preparan una nueva oleada de amparos para judicializar la medida. "Con cada una de las medidas regresivas que el Gobierno nacional ha tomado, la Justicia nos ha terminado dando la razón", concluyó Peña.