La situación del sistema de discapacidad en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos y, según Daniel Arroyo, el problema ya dejó de ser una emergencia para convertirse en un “colapso”. El exministro de Desarrollo Social, exdiputado nacional y principal impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad brindará una conferencia sobre políticas públicas vinculadas al sector. En su visita a los estudios de LT10, apuntó con dureza contra el Gobierno nacional.
Arroyo llegó a la capital santafesina para participar de una charla en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) titulada “Política pública sobre discapacidad hoy”, en medio de crecientes reclamos de familias, profesionales e instituciones que denuncian atrasos en pagos, falta de prestaciones y recortes en el sistema.
“El Gobierno la promulgó, dijo ‘sí, es ley’ y la suspendió en el segundo artículo. La Justicia le dijo ‘tiene hasta el 4 de febrero para ponerla en marcha’. El 4 de febrero la reglamentó, pero en la práctica no lo está haciendo”, sostuvo respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según explicó, uno de los principales problemas es que el Ejecutivo actualiza valores por inflación, pero sin compensar los dos años previos de atraso. “Las instituciones se endeudaron, están desesperadas. Una acompañante terapéutica cobra 4.600 pesos la hora a 90 o 120 días. Un transportista cobra la nafta a 970 pesos cuando sale más de 2.000. El sistema colapsó por completo”, afirmó.
El impacto en las instituciones santafesinas
Durante la entrevista, Arroyo hizo referencia a la situación que atraviesan las entidades locales y aseguró que el deterioro ya impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias. “Los hogares y los centros de día viven haciendo ferias americanas o rifas; no saben más qué inventar. Las escuelas especializadas ya no saben de dónde agarrarse”, describió.
También cuestionó el esquema de auditorías sobre pensiones por discapacidad impulsado por la gestión nacional y aseguró que hubo errores graves en el proceso. “El Gobierno dio de baja 140.000 pensiones, de las cuales 110.000 fue por un tema de domicilio. Tomaron una base de datos vieja de hace 25 años y no cruzaron con bases nuevas”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que muchas personas nunca recibieron las notificaciones correspondientes y quedaron fuera del sistema. “Le pidieron a personas con discapacidad que vuelvan a hacer todos sus estudios. A alguien con ceguera de nacimiento le vuelven a pedir análisis. En Santa Fe hubo personas que tuvieron que trasladarse hasta 500 kilómetros porque cerraron agencias”, remarcó.
Auditorías y ajuste: Arroyo reconoció que existieron irregularidades en algunas pensiones, pero diferenció los controles de lo que considera un ajuste generalizado. “Una auditoría no es romper el sistema. Hay que evaluar lo que está mal y cortar lo que corresponde, no desacomodar todo”, expresó.
Críticas al modelo oficialista
En otro tramo de la charla con LT10, cuestionó la mirada del oficialismo sobre el rol estatal en la materia. “El único gobierno al que se le ocurre que esto es un tema de mercado y que se arregle la familia como pueda es el de Argentina. Es una mezcla de crueldad e ignorancia muy fuerte”, lanzó.
El exlegislador también vinculó el conflicto con otras áreas sensibles como universidades y ciencia, donde advirtió un esquema similar de confrontación y recortes. “La sociedad argentina cambió y necesita nuevas ideas, pero tiene que haber una línea de base. El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad”, sostuvo.
Finalmente, destacó que la ley no solo busca garantizar prestaciones y ordenar auditorías, sino también establecer criterios de respeto y buen trato. “La ley dice algo que hasta me daba pudor poner: que no se puede maltratar. Pero hizo falta porque hubo resoluciones oficiales donde se hablaba de personas ‘idiotas’ o ‘imbéciles’. Eso pasó en Argentina”, recordó.
Pese al duro diagnóstico, Arroyo aseguró que mantiene expectativas a futuro. “Estoy desesperado por lo que sufren hoy las familias, pero soy optimista. Creo que vamos a construir un sistema mejor, con humanidad y funcionarios que entiendan el dolor que hay detrás de cada situación”, concluyó.