La causa por el tiroteo en la Escuela Normal n.º 40 de San Cristóbal, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, avanza con múltiples líneas de investigación y un fuerte impacto social. El caso combina la participación de un menor inimputable con otro adolescente acusado como partícipe, en un contexto que reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.
En este escenario, la familia de la víctima se constituyó como querellante y busca avanzar en el proceso judicial. Durante una entrevista con LT10, el abogado Luis Hilbert, quien los representa, describió la complejidad del expediente y el dolor que atraviesan los allegados del adolescente asesinado.
Hilbert explicó que el autor de los disparos, de 15 años, no puede ser juzgado penalmente: "Este chico, con 15 años, no puede ser juzgado ni condenado". Agregó que, "prácticamente, el próximo paso de su defensor será pedir el sobreseimiento". En ese sentido, remarcó la dificultad de trasladar esa situación a la familia: "Es muy difícil explicarle a los padres por qué no va preso".
En paralelo, el foco judicial está puesto en el otro joven involucrado, de 16 años, quien sí es punible. El abogado detalló que existen elementos que comprometen su participación: "Hay conversaciones entre ellos en las que se incitaba a este chico a cometer también el acto; estaban de acuerdo en cómo entrar y disparar con un arma a mansalva".
Sobre este punto, precisó que el adolescente enfrenta cargos graves: "Tiene la calificación de partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de doble tentativa de homicidio agravado". Actualmente, permanece detenido y su situación será revisada por la Cámara Penal.
Hilbert confirmó que la querella buscará sostener esa medida: "Vamos a tratar por todos los medios de que siga en prisión". Adelantó que el objetivo es que el proceso continúe "como con un adulto común".
Más allá de las responsabilidades individuales, el letrado advirtió que el caso no puede explicarse desde una única causa. "Estamos ante un hecho con una tragedia que realmente no admite explicaciones", sostuvo, y agregó que "hay múltiples factores que se van entrecruzando", entre ellos aspectos sociales, institucionales y de salud mental.
Desde lo humano, el impacto es devastador. "No hay discurso que pueda tranquilizar lo que ha sucedido", afirmó, y describió el sentimiento de la familia: "¿Cómo le explicás a la familia quién mató a su hijo? Es imposible de explicar".
También señaló que el caso generó preocupación en todo el país y activó protocolos preventivos en las escuelas. "Hoy se han instalado protocolos ante cualquier indicio; la directora tiene la obligación de comunicar en forma inmediata", indicó. Detalló que estas intervenciones implican costos millonarios y la participación de distintos organismos.
Mientras la investigación continúa y no se descarta la aparición de nuevos involucrados, la familia de Ian Cabrera insiste en que el proceso avance con responsabilidad. "Se está exigiendo justicia dentro de la legalidad", concluyó el abogado, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad educativa y a la sociedad en general.