El escenario laboral en la provincia y la región muestra signos de un deterioro estructural que afecta, principalmente, al eslabón más débil de la cadena productiva: las pequeñas empresas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos dos años se registraron 2.400 empleadores menos, una cifra que refleja tanto cierres definitivos como un desplazamiento hacia la informalidad.
En diálogo con LT10, el abogado laboralista Juan Manuel Pusineri explicó que el fenómeno atraviesa todas las actividades, desde la industria y el comercio hasta la construcción y los servicios. "Los servicios están muy vinculados a la producción de bienes, por eso uno de los sectores que más decreció es el de transporte y almacenamiento", detalló.
El factor del mercado interno
A pesar de que algunos sectores como la minería o el petróleo muestran números positivos, la realidad de las pymes santafesinas es distinta. Para Pusineri, la explicación central radica en el consumo: "La caída de empleadores y de trabajo registrado tiene que ver con lo deprimido que está el mercado interno. Esto se correlaciona con la baja en la recaudación del IVA y el consumo en supermercados".
Asimismo, advirtió sobre un proceso de sustitución de producción: "Hay industrias en Santa Fe que antes fabricaban y hoy están importando la misma línea que producían. La empresa se mantiene, pero la producción nacional es sustituida por un bien importado. Las grandes tienen resortes para reconvertirse, pero las chicas —que representan el 95% de las bajas— no tienen esa espalda".
La reforma laboral: ¿Qué está vigente hoy?
Otro de los ejes de la entrevista fue la situación jurídica de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual se encuentra actualmente en un "limbo" judicial.
Pusineri aclaró que, de manera provisoria, la reforma laboral está suspendida por una medida cautelar dictada a instancia de la CGT. "Hoy se aplica la legislación laboral anterior. Mientras dure esta suspensión, para cualquier discusión por indemnizaciones o conflictos laborales, rige la ley tradicional", explicó.
"El Gobierno sostiene que la competencia es contenciosa administrativa porque la demanda es contra el Estado, pero mientras esa discusión de fondo no se resuelva, el marco legal vigente en las fábricas y comercios sigue siendo el anterior", concluyó el especialista.