La desaceleración de la economía ya se siente en las cuentas públicas de Santa Fe y obliga a la provincia a recalibrar su funcionamiento en un contexto complejo. En ese escenario, la mirada del ministro de Economía, Pablo Olivares, aporta claves para entender cómo impacta la coyuntura nacional en la gestión local.
Durante su visita a los estudios de LT10, el funcionario describió un panorama marcado por la caída de la actividad y su efecto directo sobre los recursos. “El problema del primer bimestre de coparticipación no tiene que ver con la baja de impuestos nacionales, sino con una actividad que no despega”, planteó. Al mismo tiempo, advirtió que incluso “está en duda la continuidad de esa recuperación”.
En su análisis, vinculó la situación con decisiones de política económica nacional. “La importación es una herramienta de política económica”, sostuvo al referirse a medidas como la reducción de aranceles o cambios en el IVA, que buscan contener precios pero terminan afectando la actividad y, en consecuencia, la recaudación.
El ministro también cuestionó la forma en que se presentan los resultados fiscales a nivel nacional y marcó diferencias con la lógica provincial. “El gasto está hecho independientemente de si uno lo pagó o no”, remarcó. Planteó que “el gasto que hoy las provincias exponemos es el gasto que realmente realizamos; el gasto que expone la Nación es el que decide pagar”.
En ese contexto, defendió la política de cumplimiento de Santa Fe con proveedores y contratistas. “Tratamos de sostener una conducta porque tiene que ver con una manera de ser eficientes: hay que cumplir”, afirmó, tras destacar que los pagos se realizan en los plazos acordados.
Presión sobre los servicios públicos
La presión sobre las finanzas no solo llega por la caída de ingresos, sino también por el aumento de la demanda en servicios esenciales. En salud, describió un cambio estructural: “Por cada dos pacientes que tenía el sistema público, se le añadió un tercero”, en referencia a quienes perdieron cobertura de medicina prepaga o de obras sociales. A eso se suma el retiro de la Nación en la provisión de insumos: “La provincia tiene que empezar a comprar con sus propios recursos lo que antes venía del Estado nacional”.
Para sostener la obra pública en este escenario, el Gobierno provincial implementó herramientas financieras que garanticen previsibilidad. Según detalló, las empresas tienen asegurado el cobro en término a través de acuerdos con bancos: “La empresa contratista hoy tiene la garantía de que va a cobrar en el momento que corresponde”.
En números, el nivel de inversión ya es significativo y anticipa un crecimiento hacia fin de año. “Hoy estamos ya en niveles de 150.000 millones de pesos por mes de obra pública”, indicó. Además, proyectó que el pico se dará hacia noviembre y diciembre, con montos aún mayores.
El financiamiento tomado en los mercados internacionales forma parte de esa estrategia, aunque el ministro rechazó la idea de utilizar esos recursos con fines especulativos. “No se puede comparar la manera de manejar las finanzas públicas como si fuesen las finanzas privadas”, planteó. Agregó que “cuando uno toma financiamiento para inversión real, tiene que tener una conducta consistente para hacer inversión real”.
En esa línea, marcó que el objetivo es asegurar la ejecución de obras y no generar rendimientos financieros: “Si uno lo destina para hacer rendimiento, de nada sirve tomar deuda”, sostuvo.
El rol del agro y el aporte solidario
Sobre el rol del sector agropecuario, uno de los pocos con dinamismo, explicó que su impacto no es directo en la recaudación provincial. “El agro no paga Ingresos Brutos”, recordó, aunque sí reconoció un efecto positivo indirecto en la economía local: “Permite que la actividad santafesina tenga otra dinámica”.
Ese movimiento, a su vez, repercute en la demanda de servicios del Estado. “Cuando la economía se deprime, tenés más demanda de alimentos y medicamentos”, señaló en relación al rol de contención que asume la provincia.
Uno de los puntos que generaba más consultas entre los oyentes y contribuyentes es el futuro del aporte solidario. Sobre esto, Olivares fue preciso al aclarar que no habrá prórroga más allá de lo establecido por ley. “La ley estableció el aporte solidario por 24 meses. Termina en septiembre”, detalló.
Además, explicó cómo será la transición en su liquidación: “El último mes completo que se va a liquidar es agosto. En el mes de septiembre se va a liquidar la mitad y, a partir de allí, no se va a liquidar más el aporte solidario”. De esta manera, confirmó que el tributo dejará de aplicarse definitivamente y que el Ejecutivo no hará uso de la facultad de extenderlo por un año más.
En paralelo, vinculó esta medida con otra decisión relevante para jubilados y pensionados, relacionada con los tiempos de actualización de haberes. “Todos los aumentos otorgados en el año 2026 se liquidan a 30 días”, explicó, lo que implica una mejora en los plazos respecto al esquema anterior.