Mauro González falleció bajo custodia policial tras una violenta detención en barrio Yapeyú. Su hermano, Lucas, asegura que la autopsia reveló más de 20 lesiones vitales y apunta a una cadena de responsabilidades que incluye a agentes del 911, Infantería y médicos policiales.
El próximo 17 de marzo se cumplirán dos meses de un hecho que conmociona a barrio Yapeyú y que ha puesto bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad en Santa Fe. Mauro González fue aprehendido en la vereda de su domicilio en un procedimiento que, según su familia, se transformó en un calvario de "trato inhumano y ultraje".
En diálogo con LT10, Lucas González detalló la brutalidad del operativo: "A mi hermano lo golpearon desde el momento de la aprehensión. Hubo más de siete patrulleros, filmaciones de la propia policía y hasta un dron. Hicieron un 'tour' por la ciudad, lo llevaron a cargar combustible y luego a Medicina Legal, donde él ya no podía caminar por sus propios medios".
Pese a que el informe preliminar de la autopsia indica que el fallecimiento se produjo por "broncoaspiración por vómito", la querella hace hincapié en las causas que provocaron dicho cuadro. "Mi hermano tenía más de 20 lesiones vitales: escoriaciones, fracturas intercostales y hematomas en el cuello compatibles con golpes de objetos contundentes. Todo ese trauma físico fue el que provocó la broncoaspiración", explicó Lucas.
La familia denuncia que existió una omisión de auxilio criminal. En lugar de ser trasladado a un hospital dada su evidente debilidad física, fue ingresado a la Seccional 8ª, donde falleció en la madrugada del 18 de enero. "Hubo una serie de acciones y omisiones. Participó personal del 911, de Infantería, la médica de Medicina Legal que no exigió su internación y los jefes de guardia de la comisaría que lo recibieron en ese estado", sentenció.
La familia González, que cuenta con integrantes dentro de la propia fuerza policial desde hace décadas, conoce los protocolos que fueron vulnerados. Actualmente están constituidos como querellantes, pero denuncian una alarmante falta de contacto por parte de las autoridades judiciales y políticas.
"A dos meses, todavía no tuvimos la oportunidad de hablar con el fiscal Ezequiel Hernández, de Delitos Complejos. Nadie de la Secretaría de Derechos Humanos ni del Ministerio de Seguridad se acercó a la familia. Mi hermano murió bajo custodia del Estado; el Estado es garante de su vida y debe dar explicaciones", reclamó Lucas.
Finalmente, la familia exigió celeridad en los resultados de laboratorio pendientes para cerrar el informe final de la autopsia. "Quienes actuaron siguen en la calle, y eso es lo más preocupante. Lo que le pasó a Mauro no le puede volver a pasar a otra persona", concluyó.