En el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional Pablo Farías (Interbloque Frente Unido) manifestó su preocupación por el impacto ambiental y económico que podría tener la iniciativa. "Los glaciares no son propiedad exclusiva de las provincias; son bienes que nutren las cuencas de agua dulce de todo el país y reguladores clave ante el cambio climático", afirmó.
Farías destacó que el proyecto corre un serio riesgo de ser declarado inconstitucional. Según explicó, la reforma contradice los "presupuestos mínimos" de protección ambiental establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. "La reforma de 1994 cambió el paradigma: si bien las provincias tienen el dominio de sus recursos, deben respetar un piso de protección nacional. Perforar ese límite generará una judicialización que frenará las inversiones que dicen querer atraer", advirtió el legislador.
En este sentido, mencionó que la Red Argentina de Fiscales Ambientales ya presentó un informe de ocho páginas detallando las inconsistencias legales del proyecto oficialista.
Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado tiene que ver con la relación comercial con la Unión Europea (UE). Farías recordó que los acuerdos internacionales vigentes exigen estándares ambientales mínimos.
"Hoy ya tenemos complicaciones con la soja argentina debido a las exigencias de deforestación de la UE. Si bajamos el estándar de protección del agua dulce, pondremos en riesgo nuestras exportaciones de granos, aceite de soja y biodiésel", explicó, subrayando que Santa Fe sería una de las provincias más castigadas por esta calificación negativa.
"Aún entendiendo la lógica de las provincias de defender sus potestades, de defender sus posibilidades de desarrollo, lo de glaciares puede afectar mucho algo que lamentablemente en la Argentina ya es un problema, que es el tema del agua dulce. Como país, ya estamos sufriendo lo que los ambientalistas llaman un estrés hídrico, ya tenemos problemas en nuestras cuencas.
Venimos de una sequía muy larga, venimos de problemas de glaciares" detalló Farías.
Asimismo, remarcó que "el agua dulce no es menor y no nos oponemos, inclusive creo que si hay planteos que las provincias legítimamente quieren hacer sobre la consideración de determinadas masas de hielo como glaciares o la zona periglacial como para discutir si eso puede o no afectar la explotación minera de esas zonas, fortalezcamos el COFEMA, el Consejo Federal de Medioambiente, donde las provincias tienen voces, pensemos un mecanismo para poder debatirlo y discutirlo rápidamente con potestades para las provincias, pero sacrificar el estándar ambiental que tenemos en la Ley de Protección de los Glaciares, me parece que nos puede traer mayores problemas y consecuencias negativas".
Audiencia pública récord
Ante la fuerte movilización social, se convocó a una audiencia pública que ya cuenta con cerca de 18.000 inscriptos. El cronograma prevé dos jornadas: el 25 de marzo de forma presencial y el 26 de forma virtual.
"Aunque reduzcamos las exposiciones a tres minutos, con esta cantidad de gente necesitaríamos meses de debate. Esto demuestra que es un tema que concita un interés masivo y que no puede ser tratado a las apuradas", señaló Farías. El tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados se postergaría, en principio, para el 8 de abril.
El rol de la oposición dialoguista
Consultado sobre la dinámica parlamentaria actual, el diputado santafesino lamentó la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. "Estamos tratando de construir un lugar de racionalidad frente a este juego de provocaciones mutuas. El país necesita un piso de institucionalidad y federalismo de concertación, lejos del estilo de confrontación que vimos en el inicio de sesiones ordinarias", concluyó.