Julián Castillo tenía 32 años y murió el 8 de marzo de 2023 durante una intervención policial en el marco de una crisis de salud mental en la vía pública. A tres años del hecho, familiares y organizaciones sostienen que la situación no fue abordada con los protocolos correspondientes y denuncian que se trató de una muerte evitable.
Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia manifiestan su preocupación por los incumplimientos de normativas por parte de la Policía, la reiteración de prácticas violentas en situaciones de crisis subjetivas y la falta de una perspectiva de derechos humanos en el accionar judicial al momento de establecer responsabilidades.
Este lunes, durante una conferencia de prensa ofrecida por representantes del Foro, Cecilia Santamaría, madre de la víctima, tomó la palabra y aseguró: "Todos sabemos que en Juli se condensan un montón de situaciones que suceden día a día en los diferentes rincones de nuestra ciudad, en cada una de las detenciones en las que la policía interviene violentamente".
Y continuó: "Esto es una problemática social que nos interpela como sociedad para pensar qué hacemos con esto, que sigue creciendo y que se va a seguir profundizando en estos contextos políticos tan violentos y de tanto avasallamiento de derechos, de tanta falta de horizonte para nuestros jóvenes. Son contextos muy frustrantes para diseñar proyectos de vida".
Luego, se refirió a la necesidad de hacer "valer el derecho a la salud que tienen todas las personas, el derecho a la atención, el derecho a ser tratados dignamente y más todavía en situaciones de padecimiento de situaciones de salud mental. Porque de por sí las situaciones de violencia institucional ya son tremendas, deberíamos haberlas erradicado. En una situación de padecimiento de salud mental son aún mucho más graves porque empujan a la muerte, como fue en el caso del Juli. Y el incumplimiento de los protocolos vigentes puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte", sentenció.
Finalmente, hizo especial hincapié en la consigna "'no a la criminalización de las adicciones', que tiene que ver justamente con las intervenciones violentas (por parte de la policía), prácticas que se siguen reproduciendo desde años 'A'".
"Cumplir el procedimiento que la policía tiene que llevar adelante en una intervención de este tipo puede salvarle la vida a alguien", insistió.