Con media sanción del Senado, la ley de Glaciares comenzó este miércoles a ser tratada por la Cámara de Diputados en un plenario de comisiones que definió realizar audiencias públicas para contar con un debate técnico en un tema muy sensible, que interesa a la minería pero que afecta a las reservas de agua potable.
Aunque el oficialismo buscaba acelerar el dictamen y aprobar la normativa antes de fin de mes, la oposición unió su reclamo de escuchar a especialistas.
En la reunión plenaria de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente se acordó escuchar a distintos sectores en encuentros abiertos los próximos días 25 y 26 de marzo.
La Libertad Avanza (LLA) pretendía hacer una sola audiencia pero desde Unión por la Patria y otros bloques sostuvieron la necesidad de hacer citas federales.
"Tanto la Ley General del Ambiente nacional como el acuerdo Escazú (pacto ambiental de América Latina y el Caribe) establecen que cualquier modificación de normativa ambiental tiene que garantizar sí o sí la participación ciudadana y por eso se pidieron las audiencias antes de cualquier cambio a la ley", fundamentó la diputada Caren Tepp.
La legisladora de UxP por Santa Fe agregó que pidieron a las autoridades de la cámara la difusión de la convocatoria para los días 25 y 26 con anticipación para permitir que los interesados en participar se inscriban. Se hará con modalidad presencial y virtual, y cada orador tendrá cinco minutos.
En principio, se desdoblará la jornada: el miércoles 25 se hará en la Sala A del Anexo “C” y el jueves 26 vía remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”. El horario sería de 10 a 19.
El proyecto del oficialismo, aprobado en el Senado, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas.
“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, señaló el diputado nacional Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica.
En concreto, el proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas de periglaciares y a pedido de los gobernadores.