El diputado nacional Pablo Farías, en diálogo con LT10, se refirió al debate por la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, tema que se encuentra en el centro de la agenda legislativa de este febrero de 2026. El legislador subrayó que, si bien hay un principio de acuerdo en la edad, el foco debe estar en la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil que sea distintivo y restaurativo, alejándose del régimen de adultos.
Farías destacó que Argentina aún se rige por una ley de la dictadura militar y que la democracia tiene una deuda pendiente en actualizar este marco legal. Sin embargo, enfatizó que la privación de la libertad debe ser el "último remedio" y quedar reservada exclusivamente para delitos de extrema gravedad, como el caso de Jeremías Monzón o los crímenes vinculados al sicariato en Rosario.
Mientras el dictamen de mayoría propone un máximo de 15 años de prisión para menores, el sector de Farías impulsa un límite de 10 años, buscando que la sanción tenga un fin pedagógico y no meramente punitivo.
Además, para delitos menores (hurtos, arrebatos), se proponen estrategias socioeducativas y de justicia reparativa, donde el joven deba hacerse cargo del daño causado y trabajar en su reinserción bajo la supervisión de equipos interdisciplinarios.
También sostiene que existe un consenso total en que los menores no pueden compartir espacios con adultos. La ley prevé la creación de centros de detención especializados que dependan de áreas de Niñez y no del sistema penitenciario común.
Farías advirtió que la ley no puede ser solo "un criterio numérico". Para que la reforma sea efectiva, requiere un fuerte compromiso financiero de los tres niveles del Estado:
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Nivel Federal: Debe coordinar y apoyar económicamente a las provincias para evitar asimetrías regionales en la aplicación de la ley.
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Nivel Provincial: Santa Fe ya inició este camino con la implementación del Código Procesal Penal Juvenil (vigente desde mediados de 2025), adecuando instituciones y coordinando tareas entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Secretaría de Niñez.
"El fracaso de la sociedad se siente cuando hay víctimas y familias quebradas, pero también cuando nos enfrentamos a chicos que al cometer estos hechos están destruyendo su propia vida. El Estado debe ser contundente pero específico para la edad", concluyó el diputado.