El Gobierno nacional remitió nuevamente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de régimen penal juvenil, una iniciativa que ya había sido presentada en 2024 pero que perdió estado parlamentario. El nuevo texto conserva el núcleo de la propuesta original y suma un apartado específico sobre el financiamiento, uno de los principales cuestionamientos que había generado el debate previo.
Según el cronograma legislativo, el oficialismo apunta a emitir dictamen este miércoles en un plenario de comisiones y habilitar su tratamiento en el recinto el jueves. En mayo de 2025, el proyecto había logrado despacho tras unificar iniciativas del Ejecutivo y otros bloques, pero nunca llegó a debatirse en sesión y cayó con la renovación del Congreso.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la edad de imputabilidad. El proyecto fija el umbral en los 13 años, aplicable hasta las 0 horas del día en que la persona cumple 18, pero sectores de la oposición dialoguista adelantaron que solo acompañarían una baja a los 14 años, lo que anticipa tensiones en la discusión parlamentaria.
La principal novedad del nuevo envío es la incorporación del artículo 51, que establece el costo fiscal de la ley. El texto detalla un presupuesto total de más de 23.700 millones de pesos, a financiarse con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación, en línea con las exigencias de responsabilidad presupuestaria.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que el actual marco legal, basado en la ley 22.278 de la dictadura, resulta obsoleto y contrario a estándares constitucionales e internacionales. Además, argumenta que Argentina se encuentra rezagada en la región en materia de edad de imputabilidad y plantea la necesidad de un régimen integral que combine sanción penal con políticas de reinserción social.