El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas. Sin embargo, desde el sector manifestaron un profundo descontento con la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Mariela Peña, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad, sostuvo en diálogo con LT10 que esperaban una "reglamentación acorde", pero que el resultado fue decepcionante. "El decreto reglamentario deja los artículos más sensibles —referidos al financiamiento y al acceso al programa de salud— sin reglamentar", advirtió.
Para la especialista, se trata de "otra medida más del Gobierno nacional para dilatar la discusión de fondo sobre cómo crear un programa de políticas públicas que dé respuesta al colectivo".
Peña destacó como un punto positivo que la reglamentación finalmente logre separar las antiguas "pensiones no contributivas por invalidez" en tres categorías de beneficios: pensiones por invalidez, pensiones por vejez, pensiones para personas con discapacidad de protección social.
No obstante, señaló que la norma "no define cuál será la fuente de financiamiento ni cómo se reorganizará el sistema". Además, remarcó que el texto no supera los requisitos de acceso que el sector venía cuestionando.
La abogada también criticó que el Gobierno "gana tiempo" al supeditar decisiones clave a una reunión del Consejo Federal de Discapacidad prevista para dentro de 30 días.
"Seguimos pateando la pelota para adelante. Los artículos clave no están reglamentados y este proceso vuelve a demostrar que no hay un interés concreto ni certero de resolver el problema de fondo", concluyó Peña.