La crisis de Lácteos Verónica se profundizó en Santa Fe con la paralización total de sus tres plantas industriales, una decisión que deja a unas 700 familias sin ingresos y con salarios impagos desde octubre.
Desde mediados de 2025, la histórica firma láctea controlada por la familia Espiñeira atraviesa una crisis estructural que ya impacta de lleno en su funcionamiento. Trabajadores nucleados en Atilra denunciaron que el acuerdo de pagos semanales para saldar salarios atrasados –que preveía depósitos de alrededor de un millón de pesos– dejó de cumplirse a comienzos de enero, con acreditaciones parciales o directamente inexistentes. El entendimiento cayó definitivamente el 8 de enero y dio paso a una virtual parálisis productiva.
La falta de pagos derivó en retenciones de tareas que, sin declararse formalmente como paro, detuvieron la producción en las plantas de Clason, Totoras y otras localidades. A ello se suma la escasez de materia prima: la empresa no cuenta con leche cruda suficiente para procesar, pese a disponer de una capacidad instalada que supera los 300 mil litros diarios.
El impacto social se extiende más allá de los trabajadores industriales. Delegados gremiales también denunciaron incumplimientos en indemnizaciones por retiros voluntarios, descuentos previsionales y aportes a la obra social que no fueron depositados, generando problemas de cobertura médica.
En paralelo, unos 150 productores lecheros santafesinos reclaman una deuda cercana a los 60 millones de dólares por leche entregada y no pagada. La situación compromete la continuidad de los tambos, que dependen de pagos regulares para sostener la producción diaria.
Con plantas detenidas, salarios adeudados y una cadena de pagos quebrada, el conflicto en Lácteos Verónica se consolida como uno de los más graves del sector lácteo en la provincia.