Un joven de 18 años y dos adolescentes punibles fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio cometida en perjuicio de otra Delfina, de 15 años, el jueves de la semana pasada en San Cristóbal. A su vez, se concretó la atribución del hecho a otras dos personas menores de edad que no son punibles.
La situación procesal de cada uno de los cinco investigados fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo, en tres audiencias que se desarrollaron entre el lunes y ayer en los tribunales sancristobalenses.
La fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la Fiscalía Regional 5, y el fiscal Emiliano Odriozola, están a cargo de la investigación y, en todos los casos, representaron al MPA ante la magistrada.
Medidas dispuestas
El imputado mayor de edad transitará el proceso judicial en libertad, bajo estrictas medidas alternativas. En tal sentido, se le impuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima y las personas de su entorno, así como con testigos y coimputados. Además, estará al cuidado de una familiar, deberá fijar domicilio y presentarse dos veces por semana en una comisaría y no podrá salir del país, ni tener o portar armas de fuego.
En tanto, los adolescentes punibles permanecerán alojados por 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, el cual es una institución de puertas cerradas.
Por último, las dos personas menores de edad que no son punibles quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. También se dio intervención a un equipo socioeducativo de Salud Mental, a fin de que adopte las medidas contempladas en la Ley de Protección Integral que sean necesarias para resguardar la integridad psíquica y física de las adolescentes investigadas, de la víctima y de terceros.
En relación a una de las jóvenes no punibles, la magistrada ordenó que en el plazo de 72 horas –contadas desde ayer–, el equipo de Salud Mental realice diligencias requeridas por el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Resposabilidad Extracontractual y de Familia de Rafaela, a fin de evaluar la necesidad de una internación compulsiva, según lo establecido en la ley de Salud Mental.