El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, determinó la nulidad de los protocolos antipiquetes diseñados por la exministra de seguridad y actual senadora Patricia Bullrich. La decisión surgió este lunes, de un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos". Escribió Cormick en su resolución, en la que consideró distintos artículos de la Constitución Nacional.
Siguiendo con la misma línea, señaló que la ley suprema subraya que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".
También marcó que los organismos que participaron del amparo enfatizaron que "la decisión administrativa implica una represalia de derechos, es decir una represalia, o respuesta de castigo no previsto en norma alguna, y vinculada a los distintos sistemas de protección social que brinda el Estado y resulta ser una medida extorsiva, dilemática y desproporcionada que afecta a aquellas personas -exclusivamente- que se encuentran en situación de pobreza"