La Sala I de la Cámara Federal resolvió que la causa que investiga la mansión de más de diez hectáreas en Pilar —atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino— deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. La decisión obliga a Rafecas a remitir el expediente en las próximas horas y marca un giro clave en el enfoque de la investigación.
Cambio de fuero: la causa pasa a ser analizada como un caso económico-financiero
Con la reasignación, el expediente deja de investigarse como un delito penal federal “genérico” y pasa al ámbito del fuero Penal Económico, donde se abordan delitos vinculados a lavado de activos, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, operaciones financieras irregulares y maniobras societarias complejas.
Esto implica un cambio de eje: el centro de la investigación ya no serán solo los bienes encontrados, sino el origen del dinero, los movimientos financieros, las sociedades utilizadas y la trazabilidad patrimonial detrás de los activos secuestrados.
Cambio de juez: un giro en la lógica y ritmo de la investigación
La llegada del caso al juzgado de Marcelo Aguinsky supone también una modificación en el criterio judicial. Rafecas es reconocido por su rigurosidad en estándares probatorios iniciales, mientras que Aguinsky es un magistrado especializado en causas económicas de alta complejidad, con trayectoria en: análisis patrimonial, estructuras societarias, pericias contables y bancarias, articulación con AFIP, UIF, BCRA y organismos fiscales.
El cambio de fuero no implica que la causa se caiga ni que las medidas tomadas por Rafecas queden anuladas. Sin embargo, el nuevo juez podrá reordenar prioridades, pedir nuevas pericias, solicitar informes adicionales o redefinir la estrategia de investigación. En expedientes de contenido económico, esto suele significar más tiempo, pero también mayor foco técnico.
La resolución se conoció en paralelo al allanamiento en la finca de Villa Rosa, que continuará hasta su finalización pese al cambio de juez. En el lugar, la Policía Federal y un equipo de seis peritos tasadores secuestraron 54 vehículos, entre ellos:
-45 autos de lujo
-7 motocicletas de alta cilindrada
-2 kartings
Las unidades serán tasadas para determinar si su origen patrimonial es compatible con la actividad económica declarada por las sociedades involucradas.
Horas antes, otro operativo tuvo lugar en un complejo de cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, donde se buscaban 59 autos de alta gama registrados a nombre de Real Central SRL, una firma señalada por la Coalición Cívica como presunta pantalla vinculada a dirigentes de la AFA.