Los próximos 11 y 15 de diciembre se realizará la audiencia preliminar sobre el juicio al exministro de Seguridad Marcelo Fabián Sain, de 59 años, y también alcanza a otros tres exfuncionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
La empresa es señalada como beneficiaria de una maniobra de tentativa de fraude en la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe. La operación, valuada en millones de dólares y frustrada en 2021, será debatida en esta audiencia preliminar.
La investigación la llevaron adelante los fiscales de la ciudad de Santa Fe Ezequiel Hernández y Matías Broggi. En esta etapa, la provincia actúa como único querellante a través de la Fiscalía de Estado. La audiencia estará a cargo del juez penal José Luis García Troiano y se desarrollará en la sala 3 del subsuelo de tribunales de la capital provincial.
Para la Fiscalía, Sain, Germán Montenegro y Maximiliano Novas habrían intentado direccionar la licitación, que manejaba un presupuesto oficial de $1.411 millones, equivalente en aquel momento a más de 16.825.831,98 de dólares. La maniobra se habría gestado —siempre según la Fiscalía— a partir del 18 de mayo de 2020. De haberse concretado el perjuicio hubiera sido de entre 2 y 8 millones de dólares, según los valores comparativos del rubro pistolas 9 mm ofrecidos por otras firmas en el mercado.
Las armas
El paquete incluía 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, todos de fabricación israelí. Para los investigadores, la operación buscaba beneficiar de manera indebida a una única empresa.
Los exfuncionarios están acusados de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso con tentativa de defraudación a la administración estatal. Para Sain, la Fiscalía solicitó 5 años de prisión, mientras que para Montenegro y Novas pidió 4 años. En tanto, el exjefe de Logística policial Marcelo Correa enfrenta un pedido de 3 años de prisión condicional.
La firma Emprendimientos Grupo Patagónico, representante de la marca israelí IWI, también está imputada como persona jurídica —una instancia inédita para Santa Fe—. Según la acusación, habría intervenido activamente en la confección del pliego licitatorio con miras a obtener un beneficio económico estimado entre 2 y 8 millones de dólares. La empresa, que atravesó cambios de titularidad y presentó irregularidades administrativas, enfrenta un pedido de multa doble al beneficio esperado e inhabilitación por cinco años para participar en licitaciones públicas.
Suspendida
La licitación fue finalmente suspendida en febrero de 2021 tras la impugnación de Bersa SA y objeciones de distintos organismos provinciales. La causa se inició en marzo de 2021, tuvo imputaciones formales en 2022 y ahora entra en una etapa clave. La audiencia preliminar definirá si el caso avanza a juicio oral, donde se debatirá si existió o no un intento deliberado de perjudicar al Estado santafesino.