El acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos no podrá aplicarse en su totalidad sin el visto bueno del Congreso. Así lo admitieron desde Washington funcionarios del Gobierno que participaron en las negociaciones, quienes remarcaron que el pacto tiene varias etapas y que ciertos compromisos exigen modificaciones legales o la ratificación de tratados internacionales.
La euforia que generó el anuncio en la Casa Rosada fue matizada rápidamente por analistas. Un exembajador argentino en Estados Unidos calificó la reacción como "exagerada" y recordó que este esquema es parte de una serie de acuerdos marco que la administración de Donald Trump firmó en su momento con Ecuador, Guatemala y El Salvador, en un intento por reducir los precios de alimentos.
El entendimiento no se limita al terreno arancelario, sino que incluye barreras no arancelarias, estándares de calidad, cuestiones laborales, el medio ambiente y, sobre todo, propiedad intelectual. Este último es un punto sensible para la política comercial estadounidense.
Fuentes del Gobierno confirmaron que algunos compromisos asumidos requerirán cambios legales y serán enviados al Poder Legislativo. Entre ellos, se destaca la adopción de estándares internacionales en la protección de la propiedad intelectual, además de reformas vinculadas a regulaciones y certificaciones.
Hasta que no se conozca la "letra chica" del acuerdo, no se sabe con certeza qué puntos deberán tratar los legisladores. Por lo tanto, el Gobierno deberá desplegar una estrategia política para garantizar el apoyo en el Congreso y poder avanzar con la puesta en marcha de este ambicioso pacto económico.