Desde el mediodía, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación sobre las muertes por fentanilo contaminado sesiona en Rosario, donde, al momento, se contaron 30 de las 124 víctimas fatales. El encuentro comenzó a las 12 en el Concejo Municipal y es presidido por la titular de la comisión, la exintendenta rosarina y actual diputada Mónica Fein. El objetivo, anticiparon la semana pasada los familiares de las víctimas, es "generar una conciencia colectiva" ante la mayor crisis sanitaria del país y mejorar el control y trazabilidad de los medicamentos.
Los diputados nacionales de la comisión ocuparon los lugares de los concejales en el Palacio Vasallo para escuchar a los familiares de las víctimas rosarinas por la droga adulterada. Se esperan 12 testimonios este lunes que, explicó Fein, ayudarán a los legisladores a realizar el informe final con recomendaciones para mejorar normas e instrumentos de control.
Consultada el jueves pasado por medios locales, Ivana, hija de una mujer que murió por el compuesto fatal, sostuvo que el encuentro de este mediodía es importante porque va a permitir “visibilizar” el alcance de lo ocurrido y generar una “conciencia colectiva”: “No fue un hecho aislado, es el reflejo de una crisis sanitaria sin precedentes”.
Su historia es parecida a la de muchos otros familiares de víctimas fatales. Su mamá murió el 6 de abril pasado tras haber sido hospitalizada el 3 de marzo por una erisipela en su pierna, una patología que no supone un riesgo de vida. Una complicación llevó a la mamá de Ivana a terapia intensiva donde le administraron el fentanilo contaminado.
Sobre la expectativa de los familiares en la causa judicial federal que se lleva adelante desde La Plata Ernesto Kreplak, y sobre la propia comisión, sostuvo que, más allá de determinar responsabilidades –“la cadena es infinita”, advirtió–, el principal objetivo es lograr una nueva ley integral de trazabilidad. Y hacer cumplir las leyes ya existentes, como la 26.529 de Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, y la 27.372 de Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Alertó que si no se trabaja para eso, “esto va a volver a suceder”.
“Hoy tenemos los laboratorios como principales imputados, pero no nos olvidemos de los órganos de control del Estado”, observó y lamentó, en tal sentido, que el martes pasado no hayan acudido el ministro de Salud Mario Lugones y representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a la comisión. Tanto el ministro como autoridades del organismo fueron convocados ahora para la sesión del jueves 13 de noviembre.