La causa por el fentanilo mortal, que investiga la producción y distribución de medicamentos adulterados vinculados a la muerte de 140 pacientes, sumó en los últimos días un giro sorpresivo en lo que respecta a la defensa de Diego García y Javier Martín Tchukrán.
Según trascendió, la ex ministra de Género de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta, se sumó a la causa junto con Marcos Aldazábal -abogado de Cristina Kirchner en la causa por el atentado en su contra- y Roberto Rallin, socio del penalista Francisco Oneto, actual asesor legal de Javier Milei.
Pese a tener trayectorias políticas enfrentadas, las tres figuras del derecho asumieron la defensa de los principales procesados y ahora deberán definir estrategias en común.
Diego García, hermano de Ariel García Furfaro —dueño de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma—, será representado por Aldazábal junto a su socia Elizabeth Gómez Alcorta. Ambos integran el mismo estudio jurídico que Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense.
Su desembarco en la defensa del clan García Furfaro generó sorpresa en los tribunales federales, especialmente por los antecedentes del principal acusado, que incluso llegó a integrar una comitiva oficial del gobierno argentino en su viaje a Rusia para negociar la distribución de la vacuna Sputnik V.
Hasta ahora, el abogado Gastón Marano —también conocido por haber representado a Nicolás Carrizo en la “causa de los copitos”— llevaba la defensa de toda la familia García Furfaro. Pero tras los últimos movimientos, Marano se concentrará en la estrategia del dueño del laboratorio, señalado como el responsable central de la fabricación del fentanilo contaminado.
En paralelo, el director de manufactura de HLB Pharma, Javier Martín Tchukrán, será defendido por Roberto Rallin, socio del penalista Francisco Oneto, actual asesor legal de Javier Milei. Rallin y Oneto también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico y cuya extradición fue recientemente autorizada por la Corte Suprema.