Lt 10

 El gobierno de Santa Fe recibió este lunes la resolución judicial de Sandra Valenti -que entiende en la causa de las viviendas usurpadas-. En el mismo, la magistrada resolvió ordenar el desalojo del barrio Santa Rita II por parte de los actuales ocupantes, disponiendo su reintegro al Ejecutivo provincial, con el fin de continuar con la construcción del Plan Federal 6068.

Asimismo, la jueza dictaminó que previo al desalojo deberán agotarse todas las medidas que fuesen necesarias para realizarlo en forma pacífica, por lo cual se notificará a los ocupantes para que dentro de las 48 horas de notificados abandonen el predio ocupado. Caso contrario, se efectuará el lanzamiento de los mismos por el empleo de la fuerza pública.

"En caso de efectuarse el desalojo por el empleo de la fuerza pública -continua el informe-, el mismo será coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo". Aclara además que el operativo debe realizarse en conjunto con la sub secretaria de la Niñez (para verificar el estado de los menores que se encuentren en el predio) y la secretaría de Derechos Humanos.

La jueza aclara que aquellas familias que al momento de desalojo se encuentren en situación de calle, "deberá el Gobierno Provincial adoptar las medidas necesarias para asignar a dichas familias un lugar provisorio". Por ello, la Secretaría de Estado del Hábitat procederá a un relevamiento sobre la situación habitacional de los ocupantes del predio.

Procesamiento de los responsables
Asimismo, Valenti ordenó el procesamiento de Sebastián Saldaña, por entender que existen elementos suficientes para dictaminarlo, como co autor del delito de Usurpación, previsto y contemplado en el artículo 181 inciso 1 del Código Penal.

Respecto a este tema, vale aclarar que tanto Saldaña como otros 4 referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) han sido indagados por la jueza, y que dentro de la investigación surge que los mismos han llevado adelante una acción de usurpación, planificada y conjunta, y que para tal fin utilizaron la violencia y ejercieron la fuerza, rompiendo cerco de obra e invadiendo el lugar.

”Todos actuaron sabiendo que el predio les era ajeno y que no tenían derechos sobre las viviendas construidas en el predio”, agregaron desde la Secretaría de Estado del Hábitat, para finalmente decir que “la usurpación viola los derechos fundamentales que tienen aquellos que se ven impedidos de gozar de una vivienda digna por esta ocupación, razón por la cual, por más que los usurpadores tengan derecho a una vivienda, no los tienen sobre este plan en particular”.