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La expropiación del 51% de la petrolera YPF que se puede comenzar a concretar durante esta semana traerá aparejado que el Estado nacional volverá a competir en el segmento de la venta de combustibles.

El Gobierno no sólo sumará pozos petroleros y refinerías, sino que también tendrá un red de alrededor de 190 bocas de expendio de combustible repartidas por todo el país.

De esta manera, no sólo será líder en el mercado de las naftas (hasta hoy Repsol-YPF vendió en el primer bimestre el 52,9%; Shell el 19,5%; Esso el 14,3%; y Petrobras, el 6,5%); sino que tendrá la red de venta más extensa de todas.

En 1994 YPF creó la compañía Operadora de Estaciones S.A. (OPESSA), subsidiaria que gestiona las 190 bocas de expendio de combustible que son fácilmente reconocibles porque tiene el banderín de Servi Club.

Cuando se apruebe en el Congreso el cambio en la titularidad del 51% del paquete accionario de Repsol al Estado nacional, también significará que tomará el control sobre estas estaciones generando un movimiento de liquidez mensual proveniente de la venta de combustibles, lubricantes, servicios anexos (restaurantes Am Pm, lavaderos, venta de lubricantes y hasta parrillas en la ruta).

Aunque es complejo calcular el movimiento de dinero, ya que no todas las estaciones venden los mismos productos ni las mimas cantidades, fuentes del sector privado consultadas por El Cronista estimaron que el número de facturación de la red de Opessa rondaría los $ 700 millones mensuales.

Anualizado y a los precios actuales del combustible, el gobierno nacional estaría facturando –no hace referencia a la ganancia porque los costos son diferentes según cada estación– alrededor de $ 8.400 millones al año sólo con la venta de nafta y gasoil en sus estaciones propias. También hay que aclarar que de esa facturación al Estado le corresponderá el 51%.
De todos modos, la cifra de facturación total significa algo más de mil millones de pesos que el Gobierno devengó hasta el 31 de marzo de este año en concepto de subsidios al sector energético. De hecho, con un incremento de 10% con respecto a 2011, fueron 7.445,8 millones para Cammesa, Enarsa, organismos provinciales, Yacyretá, Nucleoeléctrica, Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
Por otra parte, si quisieran destinar la totalidad de la facturación podría, por ejemplo, cancelar la deuda de $ 8.000 millones que reclama el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, a la Nación.

También podría significar la totalidad de los desembolsos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Según el último trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), la cartera que comanda el ministro Julio De Vido lleva devengado $ 89,2 millones entre enero y marzo.