La compañía estadounidense AES Corporation, dedicada al sector energético, presentó una demanda ante una corte de Washington para que se reconozca y se autorice la ejecución de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), que condenó a la Argentina a pagar USD 732 millones.
El reclamo se originó en 2002 tras la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Luego de la salida de la convertibilidad, el Estado argentino modificó unilateralmente las condiciones contractuales, que garantizaban ingresos en dólares. AES consideró que esa decisión generó pérdidas significativas y, tras agotar instancias judiciales locales, recurrió al CIADI, tribunal que depende del Banco Mundial.
En mayo de este año, el CIADI falló en favor de la empresa, aunque el monto otorgado fue menor al inicialmente reclamado, que ascendía a más de USD 1.800 millones. Ahora, la firma busca que la justicia estadounidense autorice la ejecución del fallo dentro de ese país, lo que implicaría embargar activos de la Argentina si no se realiza el pago.
Este nuevo capítulo judicial se suma a una serie de demandas internacionales que enfrenta el país. En el CIADI hay al menos otros seis procesos en curso, que totalizan más de USD 1.500 millones en reclamos adicionales. Entre ellos se encuentran los casos de BA Desarrollos LLC, Abertis Infraestructuras, IJM Corporation, Webuild (ex Salini Impregilo), Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. y Casinos Austria.
Además, el país sigue comprometido con el caso Burford Capital por la estatización de YPF, donde se reclaman más de USD 16.000 millones. Aunque algunos expedientes están en etapas preliminares, la suma de todos estos litigios pone presión sobre las cuentas públicas y condiciona futuras negociaciones de deuda o acuerdos de inversión.