La Justicia suspendió de forma provisoria el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 del Gobierno nacional que limitó el derecho a huelga y que generó un fuerte rechazo de las organizaciones sindicales.
La magistrada Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y frenó los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto, lo que implica un revés para la gestión de Javier Milei.
Según el fallo, la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.
La decisión es un freno a las aspiraciones del gobierno de modificar leyes sin pasar por el Congreso. En este caso, había planteado una reforma profunda en el derecho a huelga que restringe las condiciones para declarar medidas de fuerza y restringiendo su alcance.
Según el planteó que hizo la central obrera, y que la Justicia validó, el DNU de Milei cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
El escrito presentado por la central obrera sostiene que "la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario", y advierte que el DNU avanza sobre competencias exclusivas del Congreso.
Además, la CGT alertó sobre el impacto negativo que la normativa podría tener sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en el país.
La resolución de la jueza Fullana establece que el freno a los artículos 2 y 3 del DNU será provisorio, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. Esta medida permite que, por ahora, siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina, informó Ambito.
La CGT celebró la decisión como "un triunfo de la democracia" y advirtió que continuará "en la calle y en la Justicia" para defender los derechos laborales.
El punto más sensible del DNU 340/2025 establece condiciones más estrictas para convocar medidas de fuerza en sectores considerados "esenciales" o de "interés estratégico" y, al mismo tiempo, redefine esa categoría, incluyendo áreas como transporte y educación, lo que ampliaba las restricciones a la huelga.