Lt 10

Las principales provincias productoras de petróleo le hicieron llegar a la presidenta Cristina Fernández, de manera directa o a través de interlocutores oficiales de primera línea, que quieren una definición lo antes posible con respecto al futuro de YPF. Más aún: en los despachos de varios gobernadores esperan que este jueves haya anuncios sobre un desembarco estatal en la mayor empresa del país.

Así lo reconocieron a El Cronista desde diversos estados petroleros. En uno de ellos, donde pidieron reserva, describieron la situación en estos términos: “Es necesario saber qué va a pasar con YPF porque hay muchas cosas que se están frenando. Definiciones con respecto a precios (del petróleo), producción, inversiones. Necesitamos ver cómo sigue esto”.
Desde enero, el Gobierno inició una avanzada sobre la petrolera, iniciativa que recrudeció cuando se le sumó, al mes siguiente, el apoyo de las provincias con producción de hidrocarburos, nucleadas en la Ofephi, que comenzaron a revertir áreas de la compañía por supuesta falta de inversión.

La ofensiva tuvo su correlato en la percepción de los inversores. Así, la capitalización bursátil de la compañía cayó de u$s 15.685 millones a fines de enero hasta u$s 8.800 millones a fines de la semana pasada, es decir, un 43% menos. Pero el desencanto no sólo se notó en el papel de la empresa, sino también en los inversores petroleros en su conjunto. Bajo pedido de reserva, varias fuentes consultadas reconocieron que la efervescencia que se vive en las empresas derivó en la suspensión momentánea de proyectos, algo que se notará en la producción de hidrocarburos.

“El jueves es un día de convocatoria. Todavía no está claro qué forma tendrá el anuncio, pero esperamos algo”, explicaron en otra de las provincias.

La Presidenta tiene bajo análisis varios proyectos para que el Estado entre en YPF, pero hasta el momento ninguno la conforma. Una de las iniciativas fue presentada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Propone declarar de interés público a los hidrocarburos y que Nación sea dueña de los recursos una vez extraídos. Hay otras dos líneas de trabajo que contemplan captar para el Estado un 33% o un 50,01% de la empresa, según los casos.

Las provincias ya le manifestaron a Cristina su molestia con respecto a la iniciativa de Kicillof. El motivo: defienden con rudeza su propiedad sobre los recursos del subsuelo, algo que estableció la reforma constitucional de 1994. En cambio, ven con más agrado las otras dos alternativas. Y le pidieron a Cristina que no tome en cuenta proyectos centralistas. Hasta ahora, predomina entre los estados productores un modelo que propicie la participación del Estado nacional, la de las provincias (mediante centros regionales de la misma compañía) y el capital privado.

Por otra parte, mañana comenzará la primera licitación de activos petroleros que le fueron quitadas a YPF en el marco de la ofensiva oficial. Será a través de la publicación en diversos diarios de la convocatoria a inversores por parte de Chubut para hacerse cargo de las áreas Escalante–Trébol y Cañadón Perdido–Campamento. A la hora de evaluar las ofertas, la gobernación de Martín Buzzi le dará prioridad a la promesa de inversiones, la participación de la empresa provincia, Petrominera, y el adicional de regalías para la provincia.

Si bien se trata de áreas en litigio (YPF presentó un amparo ante la corte), la provincia entiende que el decreto de reversión está vigente. Santa Cruz, además, tiene previsto quitarle más yacimientos a la empresa.