La ofensiva del Gobierno y las provincias sobre las empresas petroleras, en el marco de la avanzada contra YPF, despertó el primer cortocircuito serio con otro Estado. Se trata, nada menos, que de Brasil, el principal socio comercial de la Argentina.
La presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, se declaró ayer “sorprendida” por la decisión del gobierno de la provincia de Neuquén, que el día anterior había anunciado la rescisión del contrato que la empresa, con participación privada pero de mayoría estatal, tenía para explorar el área Veta Escondida, que vence en 2027. La ejecutiva declaró al diario O Globo: “Fui sorprendida con la noticia. No lo esperábamos. Tenemos relaciones muy positivas con la Argentina y estábamos evaluando oportunidades futuras para nuestra permanencia en ese país”.
Tan escuetas como contundentes, las declaraciones de Foster cayeron como un balde de agua fría en la Casa de Gobierno. En la práctica, quien ocupa el sillón más importante de la compañía es, para muchos en su país, tanto o más importante que cualquier miembro del Gabinete. Con un adicional: la ejecutiva se encuentra entre las personas de mayor confianza de la presidente Dilma Rouseff, que este año ordenó su ascenso en reemplazo del anterior timonel de Petrobras, José Gabrielli.
Fuentes al tanto de las conversaciones que ayer hubo entre ambos gobiernos indicaron a El Cronista que la presidenta Cristina Fernández mostró signos de fastidio por el cortocircuito. Sucede que la avanzada de las provincias petroleras, a pedido del Gobierno, tuvo como principal destinatario a YPF. Eso, en el marco de una serie de críticas a la compañía de la familia Eskenazi y la española Repsol.
En una medida que mostró cierta autonomía relativa, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, incluyó en el proceso de reversión de áreas petroleras no sólo a la ex estatal, sino también a Petrobras y a Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, y se salió del libreto que regía hasta ahora.
La tácita intención oficial, en cambio, apuntaba a limitar la pelea a YPF. Un ejemplo: a mediados de marzo, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, expropió áreas de la petrolera en su provincia. El movimiento afectó los intereses de EnapSipetrol, la filial local de la estatal chilena Enap. Si bien la empresa informó que estaba evaluando “posibles acciones legales y mecanismos de impugnación”, se desdijo al día siguiente, luego de una reunión con funcionarios provinciales.
Petrobras, de espaldas más anchas, prometió tomar un camino distinto. A través de un comunicado, le respondió a Neuquén que “ha cumplido con todos los requisitos de concesionarios y que a su entender continúa vigente el acuerdo de exploración y explotación”. Acusa a Sapag de actuar “unilateralmente”, recuerda que invirtió u$s 10 millones en tres años en “búsqueda de hidrocarburos no convencionales” y que “no ha incurrido en ningún incumplimiento que admita esa decisión del Gobierno de Neuquén”. En otros términos, dejó abierta la puerta para iniciar acciones legales contra la provincia.
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