En diversos puntos de la provincia de Entre Ríos se realizan reuniones y asambleas de productores rurales para determinar las líneas de acción en cuanto a la implementación de un aumento del ciento por ciento del impuesto inmobiliario para este sector, que lo considera como "confiscatorio". Algunas entidades que defienden el rubro llaman a la rebeldía fiscal, mientras que otras esperan una negociación con el gobierno provincial.
Las entidades del campo sostienen que la emisión para este año representa subas de hasta el 600 por ciento respecto de 2011. "Si bien existe una ley que determina cómo debe hacerse el aumento de los avalúos y que en esta oportunidad se logró una buena progresividad en el impuesto, que el que más tiene más paga, de ninguna manera podemos convalidar un aumento del impuesto de tamaña magnitud, porque consideramos que los argumentos no son validos y lo torna en confiscatorio", expresó la filial de la localidad entrerriana de Viale de la Federación Agraria Argentina (FAA) en un documento que emitió tras una asamblea realizada recientemente.
La entidad gremial solicita que se revea la medida tomada en cuanto a los criterios para el aumento del avalúo, manteniendo los segmentos y la progresividad. También se hacen eco de la propuesta de la Mesa de Enlace entrerriana —integrada por representantes de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y las filiales locales de la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina— proponiendo no pagar el impuesto en su primer vencimiento, el 9 de abril, a la espera de una nueva mesa de diálogo y negociación con el Gobierno provincial.
Aspecto legal. Entre Ríos se divide en 37 zonas llamadas "ecológicas-económicas" y las rentas de cada una se deducen a partir de los rendimientos de los últimos 5 años. En 2008 y 2009 se fijaron los tramos, alícuotas y un calendario gradual de pago que alcanzaba el 100 por cientoen 2012
Al aplicar los nuevos avalúos este año, muchas partidas subieron de categoría, tributando una alícuota mayor para la misma parcela, por lo que, a pedido de las entidades agropecuarias , en febrero se cambió la tabla, manteniendo la progresividad del impuesto, sin afectar parcelas de menor valor.
"Las tierras más valuadas son las de Diamante, Victoria y Gualeguay, cuyo avalúo se ubica en 16.709,33 pesos por hectárea. Las más altas pagarán 384 pesos por hectárea por año. Esto es 32 pesos por mes", según comunicó la Administradora Tributaria de Entre Ríos.
En la práctica. A las entidades rurales los cálculos no les cierran al comparar la letra legal y las boletas que recibieron. Es por ello que se declararon en estado de alerta y movilización.
Como ejemplo del impacto del aumento en términos de la producción, dirigentes de Victoria compararon que en 2005 el impuesto significaba resignar un camión de trigo mientras que, este año, representará 6,6 camiones. En el caso del maíz, la relación pasó de uno a 3,4 entre 2005 y 2012; en referencia a la soja, de uno se llega este año a 5,2 y en el caso de novillos la relación es uno (2005) y 3,9 (2012).
Para considerar el impuesto como confiscatorio y accionar judicialmente se debe demostrar que compromete en un 30 por ciento la ganancia del productor, algo difícil aunque no imposible. Y los más perjudicados son los pequeños productores porque tienen menos defensa en relación a los grandes que pueden no pagar, por lo que deben esperar las posibles negociaciones o acciones judiciales y abonar.
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