Una jueza provincial ordenó el derribo de cinco emblemáticos puestos de venta de drogas de la zona noroeste y sur de la ciudad de Rosario, al hacer lugar a un pedido del fiscal Franco Carbone, que echó mano a la flamante ley de microtráfico para solicitar el “cese de estado antijurídico” de esos inmuebles donde se comercializan estupefacientes desde hace años.
Los puntos mencionados, indicó el MPA, oficiaron como usinas de violencia altamente lesiva, y permanecen abiertos pese a sucesivos allanamientos y detenciones.
La audiencia que presidió la jueza Silvia Castelli tuvo lugar al mismo tiempo que la provincia tiraba abajo otra construcción precaria ubicada en Riobamba al 5000, donde estuvo el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y la jefa de los fiscales, María Cecilia Vranicich.
El viernes pasado, la jueza María Trinidad Chiabrera había ordenado el derribo del búnker de “Riobamba y la vía”, tras la detención de tres transeros y el secuestro de bochitas de cocaína y marihuana.
En torno de estos domicilios, destacan los fiscales, se han registrado numerosos hechos de violencia altamente lesiva.
Al hacer referencia a la resolución de la jueza Castelli, Carbone habló de una medida “totalmente novedosa e inédita en la legislación a nivel nacional” y de una investigación “proactiva” que tiene que ver con los estándares que están estipulados en la nueva Ley de microtráfico”. Y destacó que las construcciones, ubicadas en “barrios muy conflictivos”, son inmuebles “simbólicos”.
El fiscal aclaró que las construcciones mencionadas “no son viviendas”.
“Son instalaciones, no son moradas de ninguna persona; puede haber ocasionalmente algún ocupante o algún tenedor que no está residiendo sino que está circunstancialmente para vender droga”, aclaró.
También refirió Carbone que las instalaciones se utilizaron como aguantadero, y punto de reunión de personas como paso previo a cometer delitos y viceversa.