La Secretaría de Derechos Humanos desvinculó al jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, de acusaciones por secuestros y desapariciones de obreros de la construcción durante la última dictadura.
La Secretaría encabezada por Eduardo Luis Duhalde le informó a la Justicia que "los 94 hechos vinculados con trabajadores o ex trabajadores ligados a la construcción son anteriores a marzo de 1982".
De acuerdo a la Secretaría, en esa fecha Martínez ingresó como "agente de inteligencia" en el Batallón 601, vinculación que a su vez fue negada por el sindicalista.
Organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales opuestos a la conducción de la UOCRA cusaron a Martínez de haber hecho inteligencia, como personal civil, durante la última dictadura.
Pidieron que se investigara posible relación del sindicalista con un centenar de desapariciones de obreros de la construcción durante la dictadura, en el marco de una causa que sigue el juez Ariel Lijo.
De todos modos, advirtieron que los documentos que ligan a Martínez con el Batallón 601 ya implicaría la posibilidad de acusarlo de delitos ya que esa entidad militar fue definida "judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida".
La Secretaría de Derechos Humanos afirmó que los delitos de lesa humanidad contra trabajadores de la construcción de los que hay registro son todos previos a 1979, salvo uno, que fue de 1981.
Informó además que Martínez no figura en los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
"No he integrado ni tenido participación en actividades represivas de las fuerzas armadas ni de seguridad en período alguno, tal como se me atribuye", había señalado Martínez.
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