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“El hecho de que no haya legislación sobre los temas que nos ocupan no significa que no haya ciertos lineamientos éticos que los especialistas consideramos”, puntualiza el doctor Sergio Papier, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER). De hecho, junto con la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Red LARA), la entidad que agrupa a los profesionales de la salud reproductiva redactó un proyecto de código de ética, que puso a consideración en un encuentro internacional realizado en Buenos Aires.

“En principio -puntualizó Papier- no aceptamos la experimentación con embriones humanos”. Esto implicaría, aclara, la no creación de embriones con un fin que no se reproductivo.
“Creemos que el embrión no es una persona pero tampoco es una cosa, y que merece un derecho y un respeto como embrión, y desde ese estatus particular deberían surgir las leyes correspondientes aclaró. Nadie está de acuerdo con la destrucción de embriones; nadie congelaría tampoco a una persona, pero sí se congela a los embriones”.

El doctor Gabriel Fiszbajn, director regional de la Red LARA, agregó por su parte que “sólo un pequeño porcentaje de los embriones llega naturalmente a convertirse en una persona o en un bebé que nace”.

En un contexto en el que los adelantos médicos generan nuevas situaciones y se presentan dilemas antes inexistentes, los especialistas reflexionan sobre los límites de los procedimientos. Por ejemplo, se preguntan si es válido o no realizar nuevos tratamientos a una pareja que ya posee embriones criopreservados producto de tratamientos anteriores, o qué hacer con los embriones que ya existen en los centros de fertilización asistida.
“Hoy no se está realizando donación de embriones hasta que exista una ley que regule el tema, motivo por el cual están quedando criopreservados hasta nuevo aviso”, señaló Fiszbajn.

El especialista, comentó que aunque prácticamente no existen mujeres a las que se les implanten embriones concebidos a partir de gametos de otras parejas, sí es usual que se realicen tratamientos de fecundación in vitro donde ninguno de los gametos proceden de la pareja tratada. En esos casos, se recurre a un banco de óvulos o de espermatozoides para luego realizar la FIV.

Otro de los dilemas potenciales que supone la práctica de la reproducción asistida es el derecho a conocer la verdadera identidad genética de los niños concebidos con ayuda de un tratamiento de donación de gametos.

En el caso de la subrogación uterina o “alquiler de vientre”, donde las implicaciones pueden ser aún mayores, porque al ser discutible desde el punto de vista del sentido común quién es la verdadera madre del niño de hecho, legalmente se considera madre a la mujer que gesta y pare al bebé, lo cual representaría una “traba legal” de hecho para la subrogación materna, puede ocurrir que, si se permitiera este tipo de prácticas, la madre subrogante al cabo de los años se arrepienta de haber dado su vientre y decida reclamar su maternidad.

A falta de una legislación específica, un código ético puede servir a los profesionales para ayudarlos ante situaciones difíciles de resolver, “y a los legisladores, para que más allá de crear una ley de cobertura para los tratamientos de infertilidad, puedan reglamentarla correctamente”.

Los representantes de SAMER y de la Red LARA proponer evolucionar progresivamente a través de puntos intermedios entre “lo más avanzado” y los valores imperantes en la sociedad. “Más allá de lo que nosotros consideremos ético, es necesario aceptar la idiosincrasia de cada país. Se trata de cambios muy fuertes en sociedades que tal vez no estén preparadas. Buscamos un punto intermedio entre lo que se viene y lo que de alguna manera somos.

Creemos que hay que adatar códigos de ética más avanzados, donde las discusiones se han dado a un nivel más amplio y abierto, a la idiosincrasia de nuestro país”.