El próximo 6 de febrero se conocerá el fallo contra los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y crecen las expectativas en torno a una “sentencia ejemplar”. Pero para los abogados de la familia de la víctima la expectativa no es exactamente esa: “Nosotros no pedimos una condena ejemplar, pedimos una condena justa”, manifestó por LT10 Fabián Améndola , miembro del equipo de Fernando Burlando que lleva adelante la querella.
¿Qué sería a su entender una condena justa? “Una condena en la que se recepte que está acreditado el hecho, la participación de los ocho imputados, y que se condene a la única pena que establece el Código (Penal) para este delito, que es la de prisión perpetua”.
De todas formas, reconoció que “el hecho de que la condena sea de prisión perpetua por supuesto que va a llevar como aditamento un mensaje a toda la sociedad, justamente para que los jóvenes, los padres, los educadores tomen conciencia de esta escalada de violencia y obren en consecuencia”.
Acerca de la versión del abogado de la defensa, Hugo Tomei, según la cual el homicidio “no está probado” (tal como lo consideró en su alegato final en el juicio), Améndola aseveró que esa apreciación le trae “regocijo y alivio”. Así se explicó: “Contra 12 horas de alegatos de la parte acusadora, en la que se expusieron uno a uno los testimonios, videos y chats, que solamente haya de la parte contraria una manifestación sin ningún tipo de fundamento, que diga ‘no está probado’, implica todo lo contrario. Implica que no puede entrar a analizar la prueba que se expuso porque no tiene forma de controvertirla. Y cae en eso: en una manifestación totalmente dogmática. Nosotros sentimos que sí está probado y acreditado sobradamente el hecho”.
Sobre las críticas de Tomei al tratamiento que la prensa hizo al caso Báez Sosa, Améndola consideró que “los medios cumplieron su rol, que es comunicar, transmitir hechos”, y aseveró: “lo que se expuso a la sociedad no es ni más ni menos que lo que se expuso al Tribunal: los videos y los testimonios del hecho. No hay un solo video que haya sido transmitido por algún medio que haya implicado una modificación en lo que pasó o que permita decirle al defensor que se manipuló la prueba o se puso en una imagen algo que sus defendidos no habían hecho. Y cada uno de los ciudadanos argentinos tiene derecho de formar su propia convicción, como también tiene derecho el Tribunal, y es su misión”.
“Confiamos en que el Tribunal tendrá un fallo ajustado a derecho”, finalizó, esperanzado.