Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.
Miércoles 23 de Febrero de 2011 - 20:34 hs
Se postergó la indagatoria del funcionario investigado
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aplazó la declaración de Rodolfo Stefanon, el empleado de la Casa Militar que ahora está imputado por el robo del dinero destinado a la gira de la presidente Cristina Kirchner por Oriente.
Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado hizo lugar al pedido de la defensa y reprogramó la audiencia -que estaba pautada para mañana- para el próximo 3 de marzo.
La indagatoria fue solicitada por el fiscal federal Patricio Evers, quien en un dictamen sostuvo que Stefanón debe ser investigado por presunta "malversación de caudales públicos", ya que no creyó en su versión cuando dijo haber sido víctima de motochorros que le robaron unos 68 mil dólares y 17 mil euros.
Es que Stefanon, que de testigo pasó a ser imputado, aseguró que el 12 de enero fue víctima de un robo cuando estaba por llegar a su domicilio ubicado sobre la calle Malabia al 1600, en Palermo, luego de retirar ese dinero destinado a los viáticos presidenciales.
El delito de malversación de caudales públicos establece hasta diez años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua para el "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
La indagatoria fue solicitada por el fiscal federal Patricio Evers, quien en un dictamen sostuvo que Stefanón debe ser investigado por presunta "malversación de caudales públicos", ya que no creyó en su versión cuando dijo haber sido víctima de motochorros que le robaron unos 68 mil dólares y 17 mil euros.
Es que Stefanon, que de testigo pasó a ser imputado, aseguró que el 12 de enero fue víctima de un robo cuando estaba por llegar a su domicilio ubicado sobre la calle Malabia al 1600, en Palermo, luego de retirar ese dinero destinado a los viáticos presidenciales.
El delito de malversación de caudales públicos establece hasta diez años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua para el "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
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