La Cámara Nacional de Casación Penal deberá resolver si le otorga la excarcelación o no a cuatro de los detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre pasado durante un reclamo laboral de empleados ferroviarios tercerizados.
La Cámara del Crimen hizo lugar hoy a los pedidos del delegado de la Unión Ferroviaria (UF) Pablo Díaz, de los empleados de ese sector Jorge González y Gabriel ’El Payaso’ Sánchez y del barra brava Cristian Favale para que su pedido de libertad llegue a Casación, informaron a DyN fuentes judiciales.
Los jueces Marcelo Lucini y Mauro Divito aceptaron elevar el pedido de excarcelación al considerar que si bien no es una sentencia definitiva para que intervenga Casación los efectos que produce una detención son “un perjuicio de imposible reparación ulterior en los derechos del imputado”.
Los voceros señalaron que hoy fueron notificadas las partes de la resolución y la semana que viene el expediente estará en la Sala de Feria de Casación para su resolución que se espera sea durante este mes.
La Cámara del Crimen confirmó el 28 de diciembre pasado el procesamiento con prisión preventiva dictado por la jueza de instrucción Wilma López de los siete detenidos por el hecho al señalar que llevaron a cabo “un plan criminal” para evitar la protesta de los empleados tercerizados en el que cada uno tuvo un rol distinto.
Favale y Sánchez están acusados de ser quienes dispararon las armas que mataron a Ferreyra de un tiro en el estómago y que hirieron a Ariel Pinto, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez; Díaz de ser el reclutador de la patota atacante; y González de amenazar a un equipo periodístico junto a Salvador Pipito, empleado ferroviario y también detenido en la causa.
También están presos Juan Carlos Pérez, señalado como quien se encargó de llevarse las armas del lugar, y Guillermo Uño, presuntamente también portador de un arma.
La Justicia consideró que todos deben estar detenidos porque en libertad podrían entorpecer la causa ya que durante su investigación fueron amenazados testigos y la primera fiscal del caso, Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad de la Nación.
Los hechos ocurrieron el 20 de octubre pasado en Barracas luego que militantes de izquierda y empleados ferroviarios tercerizados despedidos intentaran cortar las vías del ferrocarril Roca en Avellaneda para reclamar su incorporación y fueron atacados a pedradas y balazos por una patota de la UF.
La jueza López todavía tiene que resolver un pedido de Caamaño de citación a indagatoria del secretario general de la UF, José Pedraza, y del tercer del gremio, Juan Carlos ‘Gallego‘ Fernández, mientras que el actual fiscal, Fernando Fiszer, investiga a los oficiales de la Policía Federal que actuaron ese día.
El local se impuso al noruego por un lapidario 6-1 y 6-1 y definirá el certamen